La Junta inyecta 57 millones de euros al sector de la construcción

Hacía tiempo que había anunciado ayudas a los constructores, y así ha sido. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha presentado en Miguelturra un Programa de Rehabilitación de Viviendas y Edificios valorado en 57 millones de euros con el que el Gobierno regional espera ayudar a crear y/o mantener ocho mil puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Esta iniciativa, que se inscribe dentro del V Plan de Vivienda 2009-2012, puesto en marcha por el Ejecutivo castellano-manchego para ofrecer más modalidades de acceso a la vivienda y facilidades a los colectivos más desfavorecidos y mejorar las condiciones y la habitabilidad de las ya construidas, y coinciden con las medidas de reducción del IVA y de deducciones extraordinarias del IRPF para obras de rehabilitación de viviendas adoptadas por el Gobierno de España.

Las ayudas que concede el Ejecutivo regional se podrán solicitar para la rehabilitación de viviendas y bloques de pisos y para las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), denominación que se ha dado a conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas e intervenciones de reforma y mejora de sus espacios públicos.

En los dos primeros casos se podrán solicitar subvenciones para mejorar la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y/o la utilización de energías renovables (instalación de placas solares, de mecanismos de ahorro de agua y/o de eficiencia energética); para garantizar la seguridad de la seguridad y la estanqueidad (refuerzo de las estructuras del edificio, mejora de las instalaciones eléctricas, eliminación de humedades), y para mejorar la accesibilidad de las viviendas y de los edificios (instalación de ascensores o adaptación de los mismos, construcción de rampas o adaptación de las viviendas y de los espacios comunes para personas mayores de sesenta y cinco años o que sufran de algún tipo de discapacidad.

En el caso de las áreas de rehabilitación integral, se podrán subvencionar las obras en viviendas y edificios ya reseñadas y, además, las de urbanización y reforma de los espacios públicos y las de creación de redes centralizadas de climatización y agua caliente sanitaria alimentadas con energías renovables.

Las ayudas para la rehabilitación de viviendas las podrán solicitar los propietarios o los inquilinos autorizados por sus caseros. Los solicitantes con ingresos de hasta sesenta mil euros percibirán una subvención de hasta el 25% de la cuantía del presupuesto de la obra, con un límite de hasta 2.500 euros por vivienda; los peticionarios con ingresos inferiores a los 25.000 euros brutos anuales accederán, además, a ayudas para sufragar los costes de las memorias valoradas, los proyectos y de las direcciones de obra.

Obras en bloques de viviendas
Las subvenciones para la realización de obras en bloques de viviendas estarán a disposición de propietarios, inquilinos autorizados, comunidades de propietarios y de entidades promotoras de proyectos de rehabilitación de edificios. Las ayudas consistirán en la concesión de un préstamo a quince años en condiciones ventajosas y en subvenciones directas a la comunidad de propietarios y a los inquilinos y/o propietarios de las viviendas. Aquellos peticionarios con ingresos inferiores a los 25.000 euros brutos anuales podrán incrementar estas ayudas con otras para costear el importe de las memorias valoradas, los proyectos y de la dirección de obra; las cantidades a percibir aumentan en el caso de personas con algún tipo de discapacidad o mayores de sesenta y cinco años.

Los requisitos generales que deberán cumplir las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) para acceder a las ayudas que concede el Gobierno regional pasan en primer lugar por ser declaradas áreas susceptibles de ser rehabilitadas. Para ello, deberán incluir al menos doscientas viviendas de más de diez años de antigüedad dentro del perímetro declarado como ARI y que estas viviendas vayan a destinarse a domicilio habitual al menos durante cinco años a partir de la conclusión de las obras.

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