Antonio Fernández Reymonde.- Desde los tiempos de la Transición, no recuerdo un grado de crispación tan alto como el que se viene produciendo en España desde las elecciones del 23 de julio de 2023, con las manifestaciones frente a las sedes del PSOE (especialmente en Madrid), o la ira contra los que prefieren la amnistía por los sucesos del “procés” en Cataluña antes que un gobierno de extrema derecha. Yo vivía en Madrid, y puedo decir que era muy distinto a lo que ocurría en cualquier ciudad de provincias. Allí hubo un buen número de atentados terroristas, manifestaciones por la democracia, asesinatos de manifestantes, y exhibiciones brazo en alto en plena Gran Vía y en los barrios de la conocida entonces como “Zona Nacional”. Y aunque en España confiamos en que, con el fracaso del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, se terminó definitivamente la amenaza del golpismo y la insurrección, yo no estoy tan seguro de que ningún país democrático esté hoy en día a salvo de dicha amenaza. Y eso me inquieta.
Actualmente, los golpes de Estado en los países con democracia siguen la misma estrategia: ya no se sustentan en intervenciones militares (como sí sucede en países de África, por ejemplo), sino en la debilitación del sistema provocada desde la misma presidencia del país (como hace Putin en Rusia o Erdogan en Turquía) o mediante insurrecciones populares a raíz de la deslegitimación del triunfo del adversario político (como hemos visto en los asaltos a las sedes del Poder Legislativo instigados por Trump en EEUU, o por Bolsonaro en Brasil). Para ello, es preciso enardecer a la opinión pública, crear un caldo de cultivo de malestar y movilización, tensar la convivencia, para justificar de buen grado lo que (por necesidad o desquite) pueda venir después. El fin justifica los medios ¿Y si sucedió en EEUU, por qué no iba a suceder aquí? El inicio lo señaló el propio José María Aznar el 2 de noviembre: El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Parece mentira, pero más de cuarenta años después el discurso apocalíptico sigue intacto: la ruptura de España, y las amenazas del terrorismo de ETA y del comunismo… cuando precisamente la paz y el paso del tiempo han venido a desmentir esos temores infundados: ETA ha sido vencida desde la legalidad (la guerra sucia fue absolutamente contraproducente); España no se ha roto ni por las autonomías ni por los intentos de secesión (como el Plan Ibarretxe o el “procés”); y en pleno siglo XXI, el comunismo ha quedado totalmente obsoleto.
La democracia se sustenta en el equilibrio y la independencia de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; sin injerencias (recibir críticas, con o sin razón, no puede entenderse como injerencia, mientras no afecte al ejercicio de sus funciones). En cambio, en una dictadura, hay otro estamento, de rango todavía superior, sustentado en la intimidación contra la disidencia y en la amenaza de la fuerza represora.
Durante la dictadura del Generalísimo Franco, no solo la cúpula militar, sino las élites políticas, judiciales, policiales y sociales (periodistas, empresarios, religiosos, etc.) se habían fraguado mostrando la plena lealtad de sus miembros a su persona y a su ideario. A su muerte, los cambios y reformas impulsados por el presidente Adolfo Suárez para la modernización del país (sobre todo, la legalización del PCE y el marco de las autonomías) hacían revolverse de rabia a dichas élites. Incluso responsabilizaban a Suárez de los constantes asesinatos de militares, policías y guardias civiles a manos de ETA y de no actuar con la dureza debida en el País Vasco. Comenzaron entonces las intrigas por cambiar las cosas, tanto dentro como fuera de los cuarteles, tomando como referencia el “Alzamiento” de 1936 y otras dictaduras de Hispanoamérica, o de Turquía: convenía que el sistema estuviera otra vez tutelado por una élite militar, con una importante lista de restricción de derechos y seguridad de la ciudadanía. Y optaban por dos nuevas hojas de ruta: 1. Que fuera el Rey quien cesara a Suárez como presidente, para nombrar a un militar. 2. Un golpe de Estado para terminar el proceso democrático y que gobernase una Junta Militar. Paradójicamente, como veremos más adelante, las contradicciones de la fusión de ambas vías fue el factor principal del fracaso del golpe de estado del 23-F.
1. Hubo periodistas, como Luis María Ansón -director de la Agencia Oficial de Noticias EFE- con una larga trayectoria de reuniones de conspiraciones desde 1976 para que el Rey nombrase a un militar como Presidente del Gobierno, incluso citando expresamente al General Alfonso Armada. A dichas reuniones acudieron empresarios de la CEOE y militares. Emilio Romero, director del diario Pueblo, telefoneó con alborozo en la tarde del 23 F a Juan García Carrés (el único civil condenado por estos hechos). En cuanto a la vía involucionista, periódicos como El Alcázar (órgano de la Confederación de Excombatientes) también publicaron artículos anónimos al respecto, algunos de ellos redactados por mandos militares. A este golpe de Estado de despacho, eufemísticamente le llamaban “Golpe de Timón”.
2. La mayoría de españoles desconoce que durante la Transición, además del 23-F, se produjeron distintos intentos de golpes de Estado y conspiraciones militares. Cabría concluir que la falta de severidad en las penas impuestas terminaría siendo un estímulo para que muchos de sus protagonistas reincidieran en el propósito.
1. Ya en 1977, el 14 de abril, reunido el Comité Central del PCE (5 días después de su legalización, y coincidiendo con el aniversario de la II República), su Secretario General, Santiago Carrillo, tras hablar con La Moncloa, anunció: ‘Tenemos que aceptar la bandera monárquica sí o sí. Hay riesgo de un golpe de estado‘.
2. Del 13 al 17 de septiembre de 1977, un grupo de generales (como Jaime Milans del Bosch, Ángel Campano, Mateo Prada, o Francisco Coloma -entre otros – todos ellos capitanes generales de distintas regiones militares) se reunió en un pueblo de Alicante, y escribió al Rey advirtiéndole del malestar de las Fuerzas Armadas, pidiéndole sustituir a Suárez y suspender el Parlamento durante 2 años. No pasó nada.
3. El 11 de noviembre de 1978 (a pocas semanas del referéndum para la aprobación de la Constitución), hubo una reunión en la cafetería Galaxia de Madrid, donde se propuso el secuestro del Gobierno en el Palacio de la Moncloa el 17 de noviembre. Los principales cabecillas, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas fueron condenados a las penas mínimas (a siete meses, y a seis meses y un día, respectivamente).
4. Para el mes de enero de 1980, el General de la División Acorazada (DAC) “Brunete”, Luis Torres Rojas, había planeado asaltar la Moncloa y otros centros importantes, con unidades de la Brigada Paracaidista y la propia DAC, para lograr disolver las Cortes y las autonomías, ilegalizar al PCE y nombrar presidente del Gobierno a un general franquista. No sufrió condena, sino que fue destinado al gobierno militar de La Coruña.
5. En junio de 1981, se desarticuló un golpe de Estado previsto para el día 24, onomástica del rey, cuyo objetivo era secuestrarle junto a las principales autoridades del Estado. No se pudieron reunir pruebas suficientes para procesar a los detenidos y la causa fue sobreseída.
6. A pocas horas de las elecciones del 28 de octubre de 1982 (ganadas por el PSOE con una amplia mayoría absoluta), se desmanteló un golpe con intención muy cruenta, con intención de sustituir la monarquía por una dictadura militar. La trama civil incluía, entre otros, al líder del partido de extrema derecha Fuerza Nueva (Blas Piñar). En cuanto a militares, había viejos conocidos, como los hermanos Crespo Cuspinera o el coronel José Ignacio San Martín (quien también participó en el 23-F).
7. Para el 2 de junio de 1985, un grupo de militares (con Ynestrillas, Pardo Zancada, Crespo Cuspinera, entre otros) apoyados por civiles de extrema derecha como el director de El Alcázar, Antonio Izquierdo, planeaba volar la tribuna de autoridades (con los reyes, el presidente del gobierno, el ministro de Defensa y la cúpula militar) durante el desfile de las Fuerzas Armadas que iba a tener lugar en La Coruña, y atribuírselo después a ETA, lo que serviría de pretexto para imponer un gobierno militar.
Capítulo aparte merece el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Ya en noviembre de 1980, el general Alfonso Armada se reunió en Valencia con el general Jaime Milans del Bosch para proponerle su proyecto de hacer un gabinete de salvación nacional presidido por él (en nombre del rey) nombrando a Milans presidente de la JUJEM. La acción tendría lugar en la primavera de 1981, aunque la dimisión de Suárez el 29 de enero precipitó el golpe. Hubo más reuniones y comunicaciones, para asignar funciones a los distintos implicados en el golpe, y conocer el grado de lealtad al mismo de los distintos responsables de las capitanías generales del territorio nacional. En general, del desarrollo del golpe se sabe bastante (pero no todo, porque sigue siendo secreto de Estado). En todas las capitanías generales se esperaba un “efecto dominó” para adherirse al golpe; pero las dudas y las actuaciones del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Gabeiras, y del capitán general de la 1ª región militar, Guillermo Quintana Lacaci, junto a la intervención de la casa real, fueron claves en esa parálisis. Sin embargo, el momento decisivo ocurrió cuando en el Congreso se reunió Armada con Tejero, y éste le negó la ocasión para dirigirse a los diputados, pues no reconocía su autoridad para dar un “Golpe de timón”. Tejero se revolvió cuando se enteró de los detalles del plan de Armada, que incluía a comunistas, y hasta a Felpie González, en el Gobierno. En ese momento, Tejero entendió que todo había sido una chapuza, y solo guardó lealtad a Milans. Y así, a poco tiempo y a poca distancia, se frustró el golpe. Fue después de esa conversación cuando el rey salió en televisión.
Cuenta Carlos Fonseca en su libro 23F: La Farsa, que el instructor de la causa, José María García Escudero, recibió la instrucción (llámese injerencia) del ministro de Defensa, Alberto Oliart, de resolver cuanto antes y con el menor número posible de implicados, aceptando equivocadamente la “obediencia debida” para eximir de culpa a un elevado número de aquellos. La instrucción de la causa solo duró 4 meses, con un volumen de unos 15.000 folios (sirva como referencia que la instrucción del juez Pablo Llarena sobre el “procés” necesitó 18 meses). El CESID no informó porque también formó parte de aquella trama. No se investigó ninguna trama civil, ni se tomaron medidas contra quienes tuvieron algún tipo de implicación (ya fuese en la planificación, en cualquier tipo de apoyo o en las propias actuaciones), ni se incluyeron pruebas documentales irrefutables (como numerosas grabaciones telefónicas).
Además de los generales, Milans del Bosch, y del Teniente Coronel Tejero (condenados a 30 años), y de los generales Armada y Torres Rojas (condenados a 6 años), solo fueron condenados 9 militares más (2 en Valencia y 6 jefes y oficiales de la DAC de Madrid), 16 guardias civiles y un único civil, a penas de entre 1 y 6 años. Algunos salieron en libertad condicional muy pocos años después, o fueron indultados (Armada, 7 años después; Milans, 9 años después; Tejero, 15 años después). Ningún Capitán General, pese a ser reconocida su implicación. El Gobierno de Calvo Sotelo recurrió las penas al Tribunal Supremo, y algunas de ellas se elevaron. Las medidas de gracia de los gobiernos de Calvo Sotelo (UCD) y González (PSOE), trataron de no crear resentimiento en el estamento militar, a sabiendas de la connivencia de muchos de sus miembros con los involucionistas. Efectivamente, las medidas de indulgencia se hacen siempre pensando que aportarán un beneficio social: “Odia al delito, compadece al delincuente”.
En verdad, la Transición se cerró cuando el estamento militar quedó efectivamente subordinado al poder civil y dejó de ser una amenaza. Pero el resto de élites de este país no tuvo necesidad alguna de reconvertirse.
