Quedan pocas horas para conocer el desenlace final de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, y comprobar cuál es el peso político que el Gobierno y el Parlamento regional tienen en la política nacional. No son pocas las “particularidades” de esta reforma, iniciada en la anterior legislatura a pesar de no estar en los programas electorales de PSOE y PP, cocinada secretamente en un principio, como reconocieron los portavoces parlamentarios de entonces, y de la que se excluyó en todo momento a la tercera fuerza política regional como es Izquierda Unida.
Dada la importancia de esta reforma, hubiera sido deseable que se hubiera hecho más participativa, sin exclusiones, y dar así la oportunidad de enriquecer un estatuto que necesitaba incorporar aspectos más avanzados en lo social, lo medio ambiental, pero también en lo democrático, como son mejoras en los medios públicos regionales, o la necesaria reforma de la Ley Electoral.
Entre el triste ranking de deméritos de Castilla La Mancha, cabe destacar dos; la Intervención de la CCM, y ser la única región que tiene su Ley Electoral recurrida por dos veces al Tribunal Constitucional. Lo ocurrido en la CCM ha derramado ríos de tinta, que demuestran la responsabilidad compartida entre el PSOE y el PP en la quiebra de la caja, perjudicando gravemente los intereses económicos de la región, ya que va a ser la primera autonomía que se queda sin una entidad financiera de referencia, y sin que se sepan importantes detalles que la sociedad de Castilla La Mancha debe conocer, aunque solo sea por decoro democrático.
Pero ahora se puede corregir la chapuza de la Ley Electoral regional, sobre todo cuando tenemos un dictamen del Consejo de Estado que insta a su reforma para incorporar mayor proporcionalidad, y salvaguardar así los principios constitucionales de Pluralismo Político e igualdad. No se entiende que teniendo esta oportunidad, al final se quiera pasar de puntillas sobre este asunto, salvo que sea una intentona para retener el poder.
Resultaría curioso, que en dos asuntos en los que el PSOE y PP han estado de la mano, como ha sido la supervisión de la gestión de la CCM y la reforma del Estatuto de Autonomía, se salden con la liquidación de la caja en una bochornosa fusión-absorción por CAJASTUR, y con la posible retirada de la reforma del Estatuto, incapaces ambos partidos y sus dirigentes de convencer al resto de la necesidad de actualizar nuestro marco autonómico.
Es tal la incompetencia e incapacidad del Gobierno Regional y su Presidente, que al final se recurre al victimismo para tratar de sostener un “presunto liderazgo” cada día más cuestionado. La demagogia con la que se pretende hacer una batalla contra Valencia y Murcia, es el reflejo de esa incapacidad, pues en un asunto como el agua, en el que Castilla La Mancha tiene la razón de su lado, no se puede solucionar con posicionamientos de parte.
Un acuerdo nacional sobre al agua, sellaría las posibles disputas entre comunidades autónomas, pero tanto el PSOE en Castilla La Mancha, como el PP en Valencia y Murcia, han optado por el trazo grueso, por remover la visceralidad y empujar a las opiniones públicas respectivas, a un enfrentamiento dialectico que no contribuye a buscar un uso solidario, sostenible y razonable del agua. De esa guerra puede que salgan ganando los politiquillos que la alimentan, pero nada bueno podemos esperar los ciudadanos.
Y en esas estamos, un Gobierno que pretende hacer de la necesidad virtud, tratando de convertir el posible fracaso de la reforma, en señal de “fortaleza política”, vendiendo que se han defendido los intereses regionales incluso enfrentándose a su propio partido.
Sin Caja regional, sin reforma del Estatuto, con más de 200.000 parados, ese es el triste balance de Barreda, una auténtica esterilidad en buscar soluciones a los problemas de Castilla La Mancha.
