Estos días hemos leído algunos artículos de prensa que tratan de desprestigiar a determinadas personas que han apoyado y defendido las reclamaciones de los usuarios del servicio AVANT, a la vez que cuestionan las legítimas peticiones que los usuarios de estos servicios venimos planteando desde hace más de cinco años.
Faltos de argumentos propios y rayando el mal gusto, en algunos de estos comentarios han llegado a calificar como “señora de postín” a la diputada nacional, Carmen Quintanilla, por defender las reivindicaciones de los usuarios del AVE, a los que tilda de “elitistas”, por pedir un servicio de calidad, adecuado a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y asequible a sus economías.
En nuestra asociación reconocemos que la diputada nacional, Carmen Quintanilla, ha apoyado nuestras peticiones con numerosas acciones, sobre todo en el Congreso de los Diputados, donde ha llevado varias iniciativas parlamentarias, como la Proposición no de Ley de 2005 que fue aprobada, sin que el Gobierno la haya aplicado. Y, hasta ahora, creemos que ha defendido el sentir general de los ciudadanos de la provincia, sobre esta cuestión.
Sobre las legítimas peticiones planteadas, se puede decir que, algunos de estos artículos, coinciden en los argumentos que RENFE utiliza. Y lo curioso es que hasta en lo mismo que se equivoca –errónea o interesadamente- la empresa pública, también yerra alguno de estos comentarios.
Nos dicen, por ejemplo, que se paga menos de 9 euros por trayecto, lo que no es cierto y se puede comprobar a través de los folletos de precios de la compañía. Por tratarse de una tarifa progresiva, con la Tarjeta Plus los viajes tienen un precio variable de 10 a 15 euros por trayecto entre Madrid y Ciudad Real y de 12 a 18 euros entre Puertollano y Madrid.
Es decir, los viajeros habituales pagan en 2010, entre 25 y 30 euros diarios de promedio. Lo que supone un aumento de entre un 35 y un 53% con respecto al coste total de 2004, a la vez que se han reducido, drásticamente, las prestaciones básicas del servicio. Si tenemos en cuenta que hay trabajadores cuyos salarios están en torno a los mil euros, podemos ver lo que les queda una vez pagado el viaje. Con 500 euros de renta disponible, llamar a estos trabajadores elitistas, resulta poco creíble. Y lo que no debe extrañar es que haya usuarios que dejen el servicio por esta razón.
Algunos de estos artículos hacen referencia a la coherencia de los políticos sobre la austeridad en el gasto de las entidades públicas, olvidando que la empresa pública ferroviaria no es, precisamente, un dechado de virtudes en su gestión. En los últimos años, su política general de precios ha sido de subida constante y muy por encima del I.P.C.(hasta diez veces su valor en 2010), mientras mantiene o incrementa los costes que lastran su competitividad, en vez de acometer actuaciones tendentes a la contención y a la racionalización del gasto.
Su privilegiada situación de monopolio, en el sector del transporte ferroviario de viajeros, y su personal, mayoritariamente agrupado en sindicatos fuertemente corporativizados, contribuyen al mantenimiento de una rigidez absolutamente incompatible con los precios que demanda el mercado actual, sin que la empresa pública actúe, contundentemente, para cambiar esta situación. Así, en 2008, más del 60% de sus ingresos por facturación, se destinaron a atender los costes de personal directo o indirecto de la empresa, pese a que en 2005, la plantilla inicial se había divido al 50% entre ADIF y RENFE.
¿Austeridad?, por supuesto que sí y para todos. También para RENFE.
