El 23 de enero de 2024, el Tribunal Supremo dictó un fallo en favor de Alberto Solís, en un caso que ha puesto en relieve la interacción entre la libertad de expresión y el derecho al honor en el contexto digital. Este caso se originó en Porzuna, Ciudad Real, durante la campaña electoral de mayo de 2015, cuando Solís publicó en Facebook un vídeo de un incidente en un mitin electoral que involucraba a Gorgonio Campos, candidato a la alcaldía por el partido independientes de Porzuna.
El incidente, capturado por Solís, mostró a un familiar de Campos interrumpiéndolo con insultos y acusaciones sobre una supuesta deuda impaga. La publicación en la página «Porzuna Conectada», dedicada a noticias locales, generó comentarios negativos hacia Campos, quien posteriormente demandó a Solís por considerar que la publicación del vídeo constituía una intromisión ilegítima en su honor, además de demandar a los usuarios que dejaron comentarios ofensivos.
El Tribunal Supremo, al emitir su veredicto, resaltó cómo las redes sociales han cambiado la forma en que se comparte y consume la información pública, reconociendo su papel como herramientas legítimas para ejercer la libertad de expresión. Este caso destacó la relevancia del «periodismo ciudadano» en la era digital, permitiendo a individuos ajenos a los medios tradicionales contribuir al debate público sobre asuntos de interés general.
Al evaluar el caso, el Tribunal ponderó la relevancia pública del incidente y el estatus público de Campos, concluyendo que la publicación del vídeo por parte de Solís estaba protegida por la libertad de información. La sentencia subrayó que la responsabilidad de quien difunde información se centra en la fidelidad y relevancia pública del hecho, más allá del contenido subjetivo del mensaje. Esto enfatiza la importancia de una comunicación basada en hechos verificables que enriquezcan el debate público.
La resolución del Tribunal no solo libera a Solís de cargos, sino que también envía un mensaje importante sobre la protección de la libertad de expresión en las plataformas digitales en España. Destaca la necesidad de un uso responsable de esta libertad, especialmente en redes sociales, donde el alcance y la rapidez de difusión de la información pueden tener un impacto significativo.
Finalmente, el Tribunal decidió imponer las costas del proceso a Gorgonio Campos, reforzando la idea de que el sistema judicial no debe ser utilizado de manera que restrinja indebidamente la libertad de expresión. Este fallo no solo representa una victoria personal para Solís, sino que establece un precedente crucial en la defensa de los derechos fundamentales en la era digital, equilibrando la libertad de expresión con la protección del honor.
