La muerte de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), hace apenas unos días, constituye un asesinato con todas las de la ley. Los narcotraficantes conocían las debilidades de la dotación de las lanchas motoras antidroga con los que cuenta la Benemérita en la zona, y por eso se ensañaron con ellos. Primero los derribaron de su modesta zodiacde media tonelada de peso para una vez en el agua, aplastarlos con su narcolancha de cinco toneladas, hasta acabar con su vida y dejando a varios heridos más.
Pero es más, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conocía, por un reciente informe emitido por la guardia civil de la zona del Campo de Gibraltar, las precarias condiciones en las que se encontraban estas embarcaciones. Además de obsoletas, —con más de veinte años de uso, muchas de ellas—; estaban seriamente dañadas —tres cuartas partes permanecían averiadas en puerto—. Aunque también hay que destacar la desproporción de los medios empleados por las fuerzas operativas y por estos narcotraficantes.
Esta lucha desigual es manifiesta, pero sorprende que se haya agravado desde el año 2022, precisamente en el momento en el que, de facto, el Ministerio desmanteló el Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON), que había tenido eficaces actuaciones contra las mafias del Estrecho. Desde entonces, el deterioro del servicio ha sido más que evidente, reduciendo drásticamente su eficacia en el combate contra el narcotráfico y con un aumento de la entrada de emigrantes en las narcolanchas procedentes de Marruecos.
Que se justifique la desaparición de este organismo por el alto coste que supone para las arcas del Estado parece un argumento poco serio, cuando llevaba funcionando unos tres años y proporcionando excelentes resultados, desarticulando numerosos grupos de narcotraficantes en toda la zona. Entre otras cosas, porque sus beneficios para la sociedad son decisivos en la lucha contra la delincuencia organizada, como han demostrado, y cuya eficacia de sus acciones no siempre se puede cuantificar en términos económicos.
El gobierno, para suprimir este organismo, argumentó que es económicamente muy costoso, lo que carece de sentido. Según el Instituto de Estudios Económicos, el Estado aporta, 60000 millones de euros de gastos superfluos al año, cuya supresión no afectaría a los servicios prestados por el Estado. El coste de la OCON es irrelevante, si tenemos en cuenta que ha detenido a casi, 20000 delincuentes, ha incautado 1700 toneladas de hachís, unas 2000 armas de fuego, más de 1400 embarcaciones y 97 millones de euros, en los últimos años.
A la pregunta retórica que hacía el presidente del gobierno en un conocido medio de comunicación afín: ¿de quién depende la Fiscalía?, pues eso…, cabe decir que el Fiscal General del Estado, se ha quejado esta semana en Onda Cero porque el gobierno no les comunicó la decisión de desmantelar esta entidad que, para ellos, era vital en la lucha contra el narcotráfico del Estrecho. Esta situación afecta a todos los operadores que intervienen en esta lucha desigual. Desde los guardias civiles y la fiscalía, hasta los propios ciudadanos.
La petición de dimisión del señor Grande-Marlaska está más que justificada, pero el presidente del gobierno sigue sin actuar. Porque llueve sobre mojado. Recordemos las devoluciones en caliente de Melilla o la deportación de un ciudadano argelino, condenado a muerte. Ha sido cuestionada, además de por la oposición, —a la que le va de suyo hacerlo— por los propios partidos que conforman la coalición de gobierno. En la legislatura pasada por Unidas Podemos, y ahora, por el heterogéneo grupo de SUMAR.
Es razonable pensar que, ante la opacidad en la información y debido a la falta de asunción de responsabilidades políticas, haya motivos de sospecha y de ocultación por los que el presidente del gobierno y el actual Ministro del Interior actúen de esta forma tan errática. Pero lo cierto es que, además de poner a los pies de los caballos a los agentes y a los fiscales que trabajan en aquella zona, se está proporcionando un balón de oxígeno a todas las mafias que intervienen a ambos lado del estrecho que hoy campan por sus respetos.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, parecen ser maltratados por quienes los dirigen. Pero, especialmente, el cuerpo de la guardia civil que, desde que se conoció la corrupción del que fuera su Director General, Luis Roldán Ibáñez, no ha sido atendido como merece. Siguen sin alcanzar la equiparación salarial firmada y el señor Marlaska ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le exige negociarla con ellos; y, sus condiciones laborales siguen siendo precarias. La sombra de Roldán sigue siendo alargada.
La sensación que produce esta situación es que el Ministro del Interior no puede ser cesado porque, para su presidente, vale más por lo que calla, que por lo que cuenta. La ocultación de los acuerdos con Marruecos en 2022, que coincidieron con el desmantelamiento de la OCON, hoy es un secreto aparentemente injustificado, pero que, en algún momento, deberá conocerse por la opinión pública española.
