El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado la modificación de la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha con el objetivo de añadir “seguridad y certeza” a la normativa frente “a la demagogia”, de manera que la normativa establecerá “claramente” que la cesión al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y, en ningún caso, de propiedad.
La modificación se hará durante la tramitación de la Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2024, con el objetivo de contar “con la mejor Ley de Agricultura Familiar de España, la mejor posible que fue, además, pactada con las organizaciones agrarias”, tal y como ha avanzado hoy la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa.
A este respecto, ha indicado que “hemos promovido esta enmienda para acabar con la demagogia que se hizo en torno a esta ley y que el Partido Popular sigue haciendo a día de hoy”, a lo que ha añadido que, de este modo, “podremos salvaguardarla de bulos”.
Tal y como ha indicado la consejera, esta norma “es una ley buena y avanzada que diferencia, por primera vez en Castilla-La Mancha, el modelo de explotación familiar de otros modelos apoyados por fondos de inversión”, una normativa que “fomenta la agricultura familiar” ha insistido.
Ninguna expropiación
Por tanto, Esther Padilla ha afirmado de forma contundente que, desde la entrada en vigor de la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha, el 18 de abril de 2023, “el Gobierno del presidente García-Page no ha expropiado ninguna tierra a ningún propietario, ni la va a expropiar”.
No obstante, “para no dejar ninguna duda y acabar con cualquier inquietud que el PP haya podido generar entre los agricultores”, la portavoz del Gobierno regional ha detallado que esta enmienda “establece claramente que la cesión al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y en ningún caso de propiedad”, a la vez que ha hecho hincapié en que “ello se hará con la compensación correspondiente y previa tramitación del expediente”.
Además, el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de la tierra “podrá suspenderse en cualquier momento cuando exista un acuerdo con la propiedad de la parcela y finca rústica”, ha remarcado Padilla.
Este cambio, tal y como ha expresado la portavoz regional, “confirma lo que el presidente García-Page ha dejado claro desde el primer momento, pese a los bulos del PP, y es que no se plantea la expropiación de la tierra a ningún propietario”, ha incidido.
La portavoz del Gobierno autonómico ha recalcado también que, con esta modificación, lo que se pretende “es mantener la condición de las tierras agrícolas, al tiempo que se facilita el relevo generacional”.
Por todo ello, Esther Padilla ha vuelto a recordar que “no ha habido ninguna expropiación de una tierra desde la aprobación de la ley, ni la va a haber”, y ha añadido que “lo que hacemos es poner fin a una mentira del PP fabricada con fines electoralistas”.
Durante su alocución, la consejera ha puntualizado que “somos el Gobierno que más ha hecho por la agricultura y ganadería y lo vamos a seguir siendo”, tras recordar que “nuestra agricultura supone el 18 por ciento del PIB, el doble que en España y el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas”.
60 años de solidaridad con el agua y el Levante
En relación con la agricultura, la consejera, Esther Padilla, también ha hablado sobre agua. En este sentido, ha dicho que mañana, 15 de febrero, se cumplirán seis décadas de la aprobación, en 1967, del texto para poner en marcha el proyecto del trasvase Tajo-Segura. “Cerca de seis décadas de solidaridad con el Levante”, ha remarcado, a la vez que ha reconocido que “hemos sido solidarios muchos años y ahora no hay agua”. A este respecto, ha respondido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien “pide que no se aumenten los caudales ecológicos, confundiendo a la gente”, ya que, tal y como ha aclarado, “esto no ocurre, no se aumentan, sino que están fijados y su aplicación es progresiva”.
Modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha
En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Esther Padilla también ha explicado ante los medios de comunicación que “modificamos la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para mejorar la normativa y potenciar la participación de los ayuntamientos de la región en la tramitación de proyectos que vayan a ubicarse en sus municipios”.
De hecho, la consejera Portavoz ha aclarado que, de este modo, “deberán evaluar la idoneidad de los proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de sus pueblos, mejorando así su participación, aprovechando los conocimientos que tienen de la población donde se ubicará el proyecto”.
Por último, Padilla ha sostenido que “los ayuntamientos tendrán más autonomía para decidir qué tipo de proyectos quieren para su municipio y lo harán de forma previa a la solicitud de evaluación de impacto ambiental”.
“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos propiciar que todas las administraciones vayamos de la mano a la hora de impulsar el desarrollo de nuestros municipios con la implantación de nuevos proyectos que cumplan con los parámetros medioambientales exigidos, a la vez que generen riqueza y empleo”, ha concluido.
