El 24 de abril de 2005 se acuerda por unanimidad la creación de EMUSVI en un esfuerzo compartido por frenar el problema de la vivienda en Ciudad Real. El PP, por contar con margen de maniobra en determinadas decisiones del suelo, y el PSOE por cubrirse las espaldas frente a la ralentización del papel desempeñado por Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Urbanismo y Vivienda, entidad competente en materia de la promoción social de viviendas. El 8 de mayo de 2005 –en los que ya es un intento por movilizar el llamado, ‘modelo de ciudad’– se produce la presentación del Esquema Director de Infraestructuras, donde se presenta a Ezquiaga –junto al concejal Gallego y la gerente Carmen Casanova– como responsable de la redacción del Esquema Director de Infraestructuras por encargo del Ayuntamiento. Moyano en su trabajo de 2023 (Cuatro décadas de evolución urbanística), anota a Ezquiaga como responsable del llamado Documento de Directrices de Ordenación de Ciudad Real, realizado por encargo del Ayuntamiento. En todo caso las herramientas –novedosas en sus conceptualización y su encaje normativo, ya sean el DDOCR o el EDICR– en palabras del concejal de Urbanismo, Gallego, tienen como finalidad “detectar necesidades de nuevas infraestructuras vinculadas a los grandes proyectos como el Aeropuerto y el Reino de don Quijote”.
En una palabra, las determinaciones de ese pomposo y vacío Esquema Director de Infraestructuras, tienen como finalidades fundamentales acoplar a la realidad del planeamiento a elementos surgidos desde el exterior no planificado ni programado, por más que se formule la rareza de tales herramientas por “detectar necesidades de nuevas infraestructuras”, cual detector de metales preciosos. Y a la postre, llamado esa documentación a desestabilizar los restos del PGOU-97. Junto a ello, la boyantía de los datos esgrimidos el 11 de junio al aprobarse el Plan parcial S-VCOR, con capacidad para 1.391 viviendas. Junto a ello también, el contento sobre la actividad y el ritmo de otorgamiento de licencias en Gerencia, “en cuarenta días se han concedido licencias para 248 viviendas”. Ya el 29 de junio, Gallego anticipaba el premio oculto, al señalar “en unos días se presentará el nuevo plan de directrices infraestructuras que se encargó, hace poco más de dos meses, al doctor arquitecto José María Ezquiaga cuyo objetivo es, además de recoger las consultas previas de los promotores, ordenar las situaciones urbanísticamente conflictivas como las áreas llamadas de ‘diseminados’ de La Poblachuela, La Atalaya, el Vicario, así como ordenar el crecimiento futuro de la ciudad”. En una nueva y diversa denominación, ahora como Nuevo Plan de Directrices Infraestructuras (NPDICR), poco antes como Esquema Director de Infraestructuras (EDICR) y como Documento de Directrices de Ordenación de Ciudad Real (DDOCR). Todo un trabalenguas figurado y de figuras y documentos ajenos a los previstos en la legislación urbanística de escaso valor real y de nula eficacia operativa. La operación de redondeo se cerraba con la pretensión oculta de “que todas estas iniciativas complementan el Plan General de Ordenación Urbana de 1997”. Que era tanto como pretender ‘hacer un Plan sin los requisitos del Plan’; donde se introducían las llamadas Consultas Previas ya mencionadas antes junto a todo el equipaje de documentos variados e indescifrables: NPDICR, EDICR, DDOCR y EDCF. A todo ello, la corporación de Gil Ortega trataba de otorgar el estatuto de Documento de Planeamiento a las citadas Consultas Previas. Consistente, la figura innovadora y poco conceptualizada, en propuestas de construcción en suelo rustico. Y ello, además, cuando desde la entrada en vigor de la LOTAU, todo el suelo Urbanizable No Programado, pasaba a ser conceptuado como Urbanizable Programado. Circunstancia que posibilitaba la existencia de abundante de suelo disponible para edificar –Moyano dice como una metáfora gimnástica, que ello “permitió afrontar el boom inmobiliario con gran agilidad”–. Como por otra parte se deducía de la ley estatal, Ley 6/98 sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. Es decir, las propuestas que se deslizaban tratan de suavizar los trámites, agilizando el proceso de transformación del suelo de cara su pronta edificación, por una parte; y por otra la incorporación (¿…?) de grandes Infraestructuras, como se ha comentado antes.
La realidad de los Proyectos de Singular Interés (PSI) vistos desde hoy es similar a la capacidad del Estudio de Directrices sobre el Crecimiento Futuro (EDCF) para frenar el precio de la vivienda. El 4 junio 2005,Gil-Ortega aprovechaba su comparecencia ante los medios de comunicación para “pedir explicaciones a los gobiernos central y regional por la paralización de las obras del aeropuerto. Porque alguien -añadió- tendrá que decir por qué se paralizan las obras y hasta cuándo”. A preguntas de los periodistas, “dijo desconocer porqué la propia sociedad promotora no ha dicho tampoco nada al respecto. A Ciudad Real le está yendo muy mal con el Gobierno de Zapatero; tras paralizar el Plan Hidrológico Nacional nos han quitado las Lanzaderas, no sabemos qué pasa con la autopista de peaje Toledo- Ciudad Real, el Gobierno central no nos contesta sobre la segunda ronda, no empiezan las obras de la biblioteca ni de la tubería la llanura manchega, se llevan los Tigre y ahora nos paralizan las obras del aeropuerto, concluyó Francisco Gil-Ortega”.
El 16 de junio 2005, se daba cuenta de que “el presidente del Colegio de Arquitectos, Ramón Ruiz-Valdepeñas, la presidenta del Colegio de Aparejadores Arquitectos Técnicos, Clara Anguita, abogaron ayer por el desarrollo urbanístico de Ciudad Real capital se haga de manera ordenada”. Esta manifestación, realizada a los 8 años de vigencia del PGOU-97, parecía algo tardía y evocaba cierta ausencia real de ordenamiento o cierto oportunismo cercano a una boutade; la realidad de toda planificación debe de ser, de hecho, esa ‘manera ordenada’. “La hicieron durante la presentación de la jornada de debate ‘Pensar la ciudad’… Ruiz-Valdepeñas dibujó un cuadro de una Ciudad Real inmersa en un profundo proceso de cambio”. Por más que los elementos del cambio escapaban a la demanda de orden precedente y por supuesto, de pensamiento. Porque en ese proceso de cambio, todo estaba condicionado, “según indicó, el futuro aeropuerto, el destino turístico El Reino de Don Quijote, la finalización y entrada en funcionamiento de los diferentes tramos de la Autovía A-43 entre Puertollano, Ciudad Real, Daimiel, Manzanares Tomelloso”… La pregunta del millón la realiza algún participante anónimo: “¿Cómo hacer frente a ese crecimiento desde el punto de vista urbanístico? Ruiz-Valdepeñas señalaba que, hasta ahora, en muchas ocasiones, se recurre la recalificación de suelo rústico mediante los denominados como Planes de Actuación Urbanizadora (PAUS,) para dar solución y propuestas que se van realizando de manera individual y separada. En Ciudad Real capital, esta solución no llega todavía ser excesiva, aunque empieza a manifestarse de manera clara, ya que, advertía Ruiz Valdepeñas, en este momento, en el Ayuntamiento de la capital hay presentadas consultas previas para construir 40.000 viviendas en suelo rústico, tras su correspondiente recalificación como suelo urbanizable. Frente esta línea de actuación, el presidente del Colegio de Arquitectos defendió la necesidad de que el crecimiento de las ciudades se atenga a lo que marquen los correspondientes Planes Generales de Ordenación Urbana”. Pura boutade final, con ese desideratum “que el crecimiento de las ciudades se atenga a lo que marquen los correspondientes Planes Generales de Ordenación Urbana”. Justamente lo contrario de lo que estábamos viendo, incluso lo contrario de lo enunciado en el precedente.
El 24 de junio, en la segunda sesión de las Jornadas, el consejero Gil explicó que “las grandes ciudades de Castilla-La Mancha (Albacete, Cuenca, Toledo, Talavera de la Reina, Puertollano Guadalajara), están desarrollando sus nuevos planes de ordenación municipal, y lo están haciendo, teniendo en cuenta cómo deben crecer las ciudades también cómo se pueden revitalizar los cascos antiguos, muchos de ellos con un urbanismo bastante deficiente”. En este sentido, apuntó que “en Ciudad Real se debería acometer una iniciativa de este calibre, un nuevo plan de ordenación, porque el plan vigente, de 1997, está ya dando síntomas de agotamiento”. Todo debilidades sobre la idoneidad y vigencia del PGOU-97, dudando de su validez a los 8 años transcurridos desde su aprobación; dudas, por demás procedentes de todos los flancos posibles del arco edificatorio, empresarial e inmobiliario. En respuesta al consejero, Francisco Gil-Ortega “afirmó que Ciudad Real está creciendo de forma ordenada [contra lo aseverado por Ruiz Valdepeñas en la sesión inicial de las Jornadas] y que la próxima semana se presentarán, en Comisión de Urbanismo, las directrices para ese crecimiento futuro”, el famoso y renombrado Estudio de Directrices sobre el Crecimiento Futuro (EDCF). En declaraciones a los medios de comunicación, el primer edil desveló parte del problema [que supondría formular] un nuevo POM, en un momento de esplendor inmobiliario asumir una suspensión de licencias –aunque fuera parcial y no total– sería un suicidio político. Con lo cual estaba todo dicho, al anteponer los intereses políticos a corto plazo, a cuestiones estructurales de la ciudad y su futuro. Por ello, indicó “que hay que tener en cuenta que la redacción de un Plan General paralizaría la ciudad durante cuatro cinco años y no estamos dispuestos a que se paralice, añadió el alcalde quien apuntó la necesidad de que la ciudad crezca de acuerdo con sus necesidades”. Sin responder la cuestión central del debate: ¿Cómo se crece, de acuerdo a las necesidades, sin PGOU o con un PGOU caducado? Y esta es la cuestión central que va a rondar todas las determinaciones municipales sobre una nueva realidad planificada hasta 2010, con el amago del POM, que se redacta su avance en plena agitación de la crisis abierta en 2008 y que se liquida, ya en 2015 con el PSOE como iremos viendo. Por parte del Ayuntamiento participó en la jornada de clausura el concejal de Urbanismo, Vicente Gallego, “que defendió la vigencia del Plan de 1997, aunque reconoció que está desfasado, pero no agotado”. Un raro juego de palabras de difícil interpretación, entre el desfase y el agotamiento para no decir lo que se piensa.
