Nuestra sabia ciudadanía conoce perfectamente qué significa la palabra “responsabilidad”, saben de sus responsabilidades y sobre todo de las consecuencias que acarrea no ejercerlas o no cumplirlas. Pero existe una “casta social” que ejerce sin consecuencias. Las palabras responsabilidad y responsable se están alejando cada vez más del diccionario de cabecera de nuestros gobernantes y de ciertos sectores políticos muy influyentes.
Crece la teoría por la cual ser responsable y actuar con responsabilidad son conceptos vinculados a los resultados electorales. Las elecciones son el parapeto, el escudo, la excusa perfecta para eludir responsabilidades concretas y para redimirse de todos los pecados. El caso más emblemático es Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón.
Lo que podríamos denominar como la “fórmula Fabra”, que se extiende ahora en Castilla-La Mancha, supone la negación más absoluta de cualquier responsabilidad de los políticos como gestores públicos.
La responsabilidad política se constituye cuando el servidor público, específicamente, aquel cuya función tiene trascendencia en el colectivo y por su evidente nivel jerárquico superior, por su capacidad y autoridad en el ejercicio de sus actividades, incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos o del buen ejercicio de la gestión que se les ha encomendado por los ciudadanos y debe desligarse de la celebración de elecciones donde los ciudadanos se ven obligados a valorar multitud de circunstancias añadidas.
El hundimiento de la Caja de Castilla-La Mancha y su desaparición como tal, el único caso reciente en nuestro país, ha sido un mal ejemplo y un espejo en el que los gestores públicos podrían empezar a mirarse en exceso. El mayor fiasco en la corta pero intensa historia de la región no ha acarreado responsabilidad política alguna.
Pero, más allá del caso CCM, han surgido otros que sin la misma entidad e importancia nos muestran el grado de madurez democrática que hemos alcanzado, son los “miniyo” de la política regional, ramificaciones en pequeño que reproducen comportamientos superiores. Sobre todo el extraño y oscuro caso de la Fundación Virtus ubicada en Puertollano.
Esta fundación, que según el Presidente de Castilla-La Mancha haría que la localidad entrara en el Siglo XXI, ha recibido en los últimos 8 años de las arcas públicas, Ayuntamiento y sobre de todo de la Junta, alrededor de 9 millones de euros. Pasado los años se descubre que se ha cometido un cúmulo tal de irregularidades que la deuda de la fundación es como mínimo de 3,6 millones de euros. Existe documentación duplicada que impide concluir auditorias, posibles falsificaciones de actas, podrían existir contratos pagados cuyos trabajos no se han realizado, existen deudas con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y con los trabajadores El Gobierno regional se ha visto obligado recientemente ha inyectar más de dos millones de euros del bolsillo de todos los ciudadanos.
Se podría pensar que el máximo responsable de la gestión y del timo (saqueo) a las arcas públicas y a Puertollano es el presidente de la Fundación y por ende quien debería asumir las consecuencias, aunque solo fuera por constatar su incapacidad para dirigir una fundación.
Pero la responsabilidad en la gestión no existe si estamos hablando de un determinado político en el poder, si fuera un abogado, un albañil, un profesor no podría seguir en su cargo, como es un político sí. Ni espíritu ni madurez democrática.
