El convenio establece la colaboración institucional para la elaboración y el funcionamiento del mapa integrado de fosas, en aplicación de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Con este convenio de colaboración, se pretende implantar unos parámetros comunes en las diversas actuaciones que se realizan y fijar unos canales regulares y estandarizados para trasladar la información y los datos de las distintas administraciones con el fin de nutrir un mapa de fosas a nivel estatal.
En la reunión, solicitada por las asociaciones, se puso de manifiesto la colaboración entre éstas y el Gobierno regional para trabajar en el desarrollo y la ejecución de las líneas de actuación recogidas en el acuerdo con el Ministerio de Justicia.
