El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido hoy el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2024, que permitirá “seguir avanzando con el conjunto de la ciudadanía para hacer de Castilla-La Mancha una tierra cada vez más rica y más cohesionada”.
De este modo se ha pronunciado Ruiz Molina en el pleno de las Cortes regionales, donde se está debatiendo el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el próximo ejercicio, que asciende a 12.473 millones de euros, con una variación del 0,3 por ciento respecto al de 2023.
Ruiz Molina ha destacado que estas cuentas se han elaborado y tramitado “en un marco de estabilidad institucional y política”, que ha definido como “un oasis de tranquilidad y certidumbre”, y ha añadido que tienen “tres grandes objetivos”. En primer lugar, “garantizar nuestro sistema de bienestar y protección social, reforzando los servicios públicos fundamentales, pilares del Estado del Bienestar”, destinando para ello el 70 por ciento a gasto social, como se comprometió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
En segundo lugar, promover la modernización y transformación de la economía regional e impulsar la generación de empleo estable y de calidad, “contribuyendo a que Castilla-La Mancha avance hacia una economía del siglo XXI, con la transformación digital y la transición energética como motores de crecimiento”.
Y, en tercer lugar, “impulsar nuestra Estrategia Regional frente a la Despoblación”, financiando las políticas dirigidas en el ámbito rural al emprendimiento, la innovación y las pymes; además de a la consolidación y ampliación de los servicios públicos o a la mejora de sus infraestructuras.
Compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera
Todo ello, como ha resaltado el consejero, “en un marco financiero marcado por el compromiso adquirido por este Gobierno en relación con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera, fundamentalmente en momentos de incertidumbre económica como las actuales”.
En este punto, ha enumerado tres aspectos. El primero, es que se trata de “un presupuesto equilibrado”, ya que “no vamos a generar nuevo endeudamiento en un contexto de subida de los tipos de interés. Y ha recalcado que este compromiso por equilibrar las cuentas es “más exigente” que el que ha propuesto el Gobierno de España a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado día 11, planteando un objetivo déficit para todas las regiones del 0,1 por ciento.
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital también ha incidido en que este esfuerzo se suma al que ya realizó el Ejecutivo autonómico en el presupuesto de 2023, con una reducción del déficit del 70 por ciento.
De igual modo, ha indicado que esa contención del déficit está permitiendo reducir el peso de la deuda viva en relación al PIB y ha reparado en el último dato publicado por el Banco de España correspondiente al tercer trimestre de 2023, según el cual, “somos la segunda Comunidad Autónoma que más ha reducido el peso de la deuda respecto al PIB, pasando del 35,8 por ciento en septiembre de 2019 al 31,2 por ciento en septiembre de 2023”.
Finalmente, ha subrayado que “vamos a mantener congelada la presión fiscal, como lo estamos haciendo desde 2015”, es decir, “no vamos a subir los impuestos”.
Aval de los agentes sociales y de la AIReF
Ruiz Molina ha hecho hincapié en la “seriedad y rigor” a la hora de diseñar este presupuesto, “que tiene un doble aval”. Por un lado, el de los agentes sociales, tras las reuniones informativas que se han mantenido en el marco del diálogo social, que es “una de las señas de identidad de este Gobierno”.
Y, por otro, ha proseguido, el de la AIReF, que ha avalado tanto las previsiones macroeconómicas que sustentan el límite de gasto no financiero para 2024, como el propio presupuesto, precisando que se ha elaborado “con prudencia” en cuanto a la estimación de ingresos y “con moderación” a la hora de determinar los gastos.
En definitiva, ha concluido el consejero, “un proyecto de presupuestos que debe ser, de nuevo, una herramienta clave para mantener la senda de progreso económico y cohesión social iniciada en 2015”.
