La investigación proviene de sendas denuncias, una que presentó el Consejo de Consumidores de Castilla-La Mancha y otra de un establecimiento de Albacete. En el informe que remite la Comisión Regional a la Nacional se indica que “es preciso analizar si el hecho de externalizar el servicio de atención al cliente y prestarlo en establecimientos comerciales relacionados, en mayor o menor medida, con la electricidad, puede suponer ventajas competitivas de unos establecimientos frente a otros”. Si se parte de la clara posición de dominio que las eléctricas tendrían en territorios concretos, a pesar de la reciente liberalización del sector, esta práctica comercial supondría que la mayoría de la población se vería obligada a pasar al interior de un establecimiento comercial de electrodomésticos concreto para realizar gestiones con la compañía eléctrica. El supuesto desequilibrio competitivo podría producirse al beneficiar las compañías energéticas a unos determinados comercios, que aumentarían su flujo de clientes, en perjuicio de otros del sector.
El organismo que preside Sebastián Fuentes ha remitido el expediente a la Comisión Nacional de la Competencia para que sea ésta quien continúe con el procedimiento, ya que esta práctica no sólo se da en Castilla-La Mancha.
