La portavoz del Gobierno Regional, Isabel Rodríguez achaca el lastimoso estado de la Fundación Virtus «a una mala gestión». Obviedad tan solo comparable con la tardanza en hacer público el hallazgo cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía en la parodia del Patronato de la Fundación nada más y nada menos que a tres consejerías representadas, se supone que con luz y taquígrafos. Una Fundación que ha dilapidado diez millones de euros en cinco años y que arroja al día de hoy un agujero de otros cuatro, no puede achacarse «a una mala gestión» sino a una gestión pésima, estrambótica, manirrota e irresponsable sin que nadie hiciera nada por evitarlo o cuando se hizo se hizo tarde y procurando ocultar el desaguisado bajo un blindaje de silencio.
La portavoz también ha dicho que se depurará «hasta las última responsabilidad», lo cual no es sino una obligación imperiosa de quien es responsable, directo o indirecto, de la gestión de los recursos públicos, los cuales con más frecuencia de la deseada, sirven para engordar cuentas corrietes muy privadas.
