Los acontecimientos que se producen en el tramo final de la década –tales como el trazado del AVE Madrid-Sevilla –nueva estación, nueva traza ferroviaria y supresión de tramos preexistentes al Este y al Sur–, el problema de la Plaza Mayor con las obras en curso –el 28 de enero de 1988, se anunciaba en Lanza, que ‘La Plaza no se hunde’ consecuencia de las citadas obras– y la configuración del campus de la Universidad con imprevisión de sus reservas de suelo –como ya se ha comentado antes– y que tienen un notable impacto en la ordenación de la ciudad, van a motivar que ya en el año 1992 se estén planteando alternativas al planeamiento aprobado, considerado envejecido y caduco con sólo cuatro años de vigencia, como se apuntaba antes.
De esas actuaciones sobrevenidas y superpuestas, daba cuenta mi escrito “Miseria del planeamiento”, en Lanza 23 de noviembre de 1990. Preliminares del cambio de modelo de planeamiento en 1992 que van a desarrollarse con un bloque de acontecimientos cruzados en torno a las elecciones municipales de 1991 y que vendrían a complicar el debate ciudadano. Elecciones donde Lorenzo Selas capitaneaba la candidatura del PSOE –tras su elección como Senador en esas listas y el abandono de la una autodenominada ‘independencia’– y que verá endurecerse la oposición municipal del PP con el desarrollo del llamado Caso de la construcción. Un caso que, posiblemente tuviera ramificaciones como daba cuenta el suelto del 26 de mayo de 1991 del semanal Crónicas de La Mancha. Donde se titulaba “Concejal en entredicho” en referencia al edil Antonio Villaseñor, actuante simultáneamente como promotor inmobiliario y como edil corporativo. Aunque el asunto principal, tuviera que ver con la denuncia realizada por el arquitecto Pasarón Piñol contra Rafael Humbert ante el colegio de arquitectos. Caso de la construcción donde se involucrarán la posterior denuncia del Colegio de Arquitectos sobre irregularidades del arquitecto municipal Rafael Humbert Fernández; las denuncias del Partido Popular sobre ciertos informes urbanísticos irregulares en actuaciones de relevantes cargos del PSOE, con posible favoritismo; y la marejada del fondo electoral sin resolver, que llevó a la Alcaldía al PSOE, de manos del que había sido, en 1983, candidato del bloque conservador. No sólo la prensa local, también ABC, El País y, particularmente, El Mundo con el periodista Juan Carlos Escudier, dan cuenta de un agitado curso del 1992 como puede rastrearse en las hemerotecas.
Donde al debate real del agotamiento del modelo del Plan General –jaleado en su momento como la Ciudad del año 2000– y de la necesidad de contar con otro modelo de gestión, como fuera la gerencia de Urbanismo (Lanza, 3 de junio de 1992; Peris quiere dialogar con la oposición sobre la Gerencia) se une la creación de una Comisión Informativa de Urbanismo (Lanza, 25 de agosto de 1992) que trate de centrar algunas cuestiones y que eviten la conflagración abierta con la causa del urbanismo y de sus desarrollos. De ello, del pleno del 24 de agosto en el que se acuerda la constitución de la citada Comisión, llamada también Comisión Investigadora (La Tribuna, 25 de agosto de 1992), dijo el edil de IU, Juan Barreda, que era “el pleno más difícil de toda la época democrática”. Obviando tal vez el sostenido en septiembre de 1984, ya citado en la primera entrega de estos textos. Y de paso, “acusando al PSOE, PP y CDS de no haber ejercido como oposición en anteriores legislaturas, ya que se podría haber evitado esta situación y no estaríamos investigando problemas de hace varios años”. Con esa afirmación, se dejaba entrever una suerte de responsabilidad compartida y extendida, desde los inicios de las Corporaciones democráticas. Y demostrando, por ello, el salto en el vacío verificado desde 1979 hasta ese momento de 1992.
Quiere ello decir, además, que el tramo temporal de 1991 a 1995 –que es el que enjuiciamos ahora–, bajo el gobierno de Selas primero, y luego con Nicolás Clavero como sustituto, supuso un compás de espera y una pérdida de tiempo en decisiones de calado general que afectaban a las grandes infraestructuras como la necesidad de construir un nuevo hospital –carente de suelo calificado para tal fin, como se manifestaba ya, Lanza, 21 de junio de 1992–, igual que se insinuaba ya con el Pabellón Ferial y como se hacía ver con la publicación del estudio de la variante Sur-Este (Lanza, 21 de febrero de 1987). Todo ello iba a sentar las bases necesarias del impulso posterior de Gerencia –de bajo recorrido, como veremos luego– y del nuevo PGOU o de la revisión del vigente, por más que este se aprobara ya en 1997 bajo el mandato del PP con Gil Ortega en la Alcaldía, desde 1995, y Gabriel Miguel Mayor como concejal de Urbanismo.
Así se recoge en el citado trabajo de Díaz-Pintado, al señalar “que ya se trabajaba desde 1992” en esa dirección, como por otra parte, se podía leer el 1 de mayo de 1992, “sobre el retiro de dos mociones para el inicio de la revisión del PGOU presentadas por el PSOE e IU”. Por lo que la virtualidad real y la vida efectiva del PGOU 1987 –aprobado definitivamente en 1988– quedaría reducida a solo cuatro años. Contrasta la vida efímera de los planes con lo dilatado de su tramitación, como ya comentaba en mi texto Urbanismo.0 (Miciudadreal, 13 de diciembre de 2017): “Del Urbanismo Punto Cero (.0) puede decirse algo parecido a la Justicia y su lentitud punto cero. Cuando la Justicia llega tarde y atrasada, no es ya Justicia. Similar razonamiento puede formularse con relación a la Medicina y sus fatigosas listas de espera; de tal forma que a veces, cuando te convocan para algo que demandabas tiempo atrás, ya es fatalmente tarde. Y esa la paradoja del Urbanismo, como práctica técnico-administrativa, de un tiempo a esta parte: el tiempo lo consume e inutiliza a manos llenas. Frente al carácter anticipador de la disciplina tiempo atrás que lo hizo una disciplina proyectiva, hoy vive una existencia pesarosa y mostrenca. Razón que señala a su ineficacia en el tiempo y a su ineptitud en el espacio”.
No se afirma en el mencionado texto de Díaz-Pintado que otra de las razones estaba referida al estallido del ‘Caso Humbert’ a lo largo de 1991 como parte de la batalla electoral de ese año. Y ‘Caso Humbert’ que volvió a enturbiar las aguas del Urbanismo local, igual que lo hiciera el ‘Caso Prieto’ en 1984. De cuya conclusión informaba El Mundo, del 11 de agosto de 1992, tras un entrevista con Lorenzo Selas –ahora ya Alcalde socialista y Senador del mismo partido– que dejaba clara que “la responsabilidad no puede ser solo mía, sino de todo el Ayuntamiento”. Además, se nos informaba de la excedencia de Rafael Humbert. Quien se había considerado así mismo ‘cargo de confianza’ del Alcalde en 1987, salía por la puerta falsa.
