MICIUDADREAL.ES te cuenta cómo Interconsult ha solicitado concurso necesario de acreedores por impago de 260.000 euros. El Gobierno regional pretende salvar a Virtus del juzgado con más dinero público. La próxima semana te ofreceremos un extenso reportaje con las claves de esta folletinesca historia.
Más le vale a la Junta de Comunidades tapar cuanto antes la insondable deuda de 3,5 millones de euros que lastra a la Fundación Virtus (Puertollano, Ciudad Real), si no quiere verla de nuevo en los tribunales. Y es que esta institución, financiada con fondos públicos y encargada de gestionar la red de Centros de Excelencia de la localidad minera y el Centro de Formación Aeronáutica, vuelve a verle los colmillos al lobo de la quiebra: el Juzgado número 4 de Ciudad Real ha admitido a trámite la demanda de concurso necesario de acreedores contra Virtus presentada por Fernando Muñoz Marín, sobrino del ex presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín.
La demanda fue presentada a instancias de Interconsult Servicios Estratégicos, empresa de la que Muñoz Marín es administrador único. Virtus deberá ahora comunicar a la Justicia sus apelaciones para que sean sometidas a consideración y se pronuncie el dictamen que marcará el rumbo del proceso judicial.
La cantidad demandada por Interconsult asciende a 260.000 euros, lo que ofrece otra pista sobre el desbarajuste de las cuentas y el descontrol de gastos en la Fundación, ya que, según la última auditoría conocida (la realizada por Laes Nexia), a Muñoz Marín “sólo” se le adeudaban unos 75.000 euros.
Interconsult es la segunda empresa que acude a los juzgados para exigir responsabilidades a la Fundación Virtus. Ya lo hizo anteriormente Soluciones Aeronáuticas, que presentó una denuncia en el juzgado Número 1 de Puertollano por impago de más 620.000 euros, lo que conllevó el decreto del embargo de los créditos pendientes de cobro, así como de los saldos existentes en las cuentas bancarias.
Un “desfase” de 3,5 millones
En este contexto se entienden mejor las declaraciones efectuadas el pasado jueves por la consejera de Industria, Paula Fernández, quien se refirió al agujero de 3,5 millones de euros como “un desfase económico”. En este sentido, Fernández aseguró que la Junta de Comunidades está elaborando un «riguroso informe» que permitirá justificar el pago del cuantioso montante que se adeuda tanto a trabajadores como a proveedores.
Si se cumplieran estas previsiones, el final de los agónicos estertores de la Fundación vendría de la mano del Gobierno regional. El visto bueno de semejante transfusión monetaria es la clave decisiva para que Virtus esquive los tribunales y el Ayuntamiento de Puertollano salga del enmarañado laberinto en que se ha convertido este caso.
Aun así, e independientemente de lo que ocurra, el desenlace de esta historia es tristemente previsible: la pérdida de millones de euros provenientes de las arcas públicas.
El patronato de la Fundación Virtus está compuesto por representantes de las consejerías de Industria, Energía y Medio Ambiente; Educación y Ciencia; y de Trabajo y Empleo; así como el Ayuntamiento de Puertollano, la Universidad de Castilla-La Mancha, Caja Castilla La Mancha, Aeropuerto Central de Ciudad Real y Fundación Empresarial de Puertollano.
Hasta ahora, el alcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, se ha negado a dar cualquier tipo de explicación sobre los sucesos y operaciones que han conducido a la pérdida de millones de euros y al borde de la desaparición de Virtus. ¿Quieres saber qué es lo que pasó en la Fundación en los últimos años y quiénes fueron los principales actores? Miciudadreal.es te ofrecerá en exclusiva, la semana que viene, la primera entrega de un extenso reportaje con el que descubrirás las claves de esta folletinesca historia.
