Por un sentido más equitativo y justo de la realidad social y política de Castilla-La Mancha, por una ley que se ajuste a la evolución de la población y por tanto se refleje en el juego de las mayorías y la representatividad en las Cortes de Castilla-La Mancha, por un compromiso de una mayor democratización y dinamismo de la Cámara autonómica, por unas Cortes más abiertas que acaben con el déficit democrático del que adolecen merced a un bipartidismo falazmente consolidado y facilitado por una interpretación espuria de la actual Ley Electoral, por la ampliación del número de diputados que sean el reflejo fiel de la voluntad popular, por el fin de la oligarquía política asentada en una norma que hace imposible las coaliciones, norma habitual en cualquier institución democrática representativa, por el fin de una región manipulada y gestionada con espíritu caciquil, cuando no paternalista, por una Castilla-La Mancha de todos y no de una casta, por la dignificación de la vida pública y de las instituciones… por todo eso y por evitar el anquilosamiento, el sentido patrimonialista del poder, por devolver la región a la sociedad civil, para evitar que Castilla-La Mancha se identifique con un partido institucionalizado como ha dicho José María Barreda, en una asombrosa conjunción de partido y región que recuerda otros regímenes, por evitar liderazgos cesaristas como el de José Bono, malabarista y seductor, ahora puesto en la encrucijada de decidir entre su conciencia y sus intereses personales en la cosa pública, el que ahora reclama la reforma de la Ley Electoral General cuando fue el artífice del modelo castellano-manchego, por que otras organizaciones y partidos políticos compitan en condiciones de igualdad en unas elecciones, por todo eso, y más, es absolutamente necesario y urgente que se acometa la reforma de la Ley Electoral en Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha necesita que se abran puertas y ventanas para que salga y entre el aire. Lo demás es filfa y política de salón.
