El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha trasladado las líneas estratégicas que marcarán el trabajo a lo largo de estos cuatro años de la Vicepresidencia primera para la XI legislatura priorizando “la simplificación administrativa; la gestión de los fondos de recuperación; y seguir en la lucha contra la despoblación en la que esta Comunidad Autónoma es referente a nivel nacional y europeo”.
En lo referente a la simplificación administrativa –ya iniciada en el periodo anterior con la aprobación de leyes como la Ley SUMA o la Ley de Proyectos Prioritarios- el objetivo del Ejecutivo castellanomanchego para los próximos años es reducir los plazos en la resolución de expedientes.
Para ello, ha dicho el vicepresidente, “estamos dispuestos a tomar decisiones valientes, incluso arriesgadas, como puede ser una profunda revisión de todo el entramado de silencios administrativos que hay en nuestra legislación” lo que se traducirá en plantear la necesidad de aquellos que no vienen impuestos por las legislaciones europea y nacional.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico se ha propuesto generar herramientas para que las empresas y la ciudadanía puedan tener la garantía de que sus expedientes tramitados ante la Administración cumplen los requisitos exigidos por la normativa para su aprobación. Esto supondrá, además, facilitar también la labor de los empleados públicos en la tramitación de los expedientes y acelerando su aprobación.
Herramientas y mecanismos que el vicepresidente primero quiere que se puedan trasladar y utilizar en los ayuntamientos de la región, especialmente en los más pequeños que no cuentan con medios técnicos para efectuar las necesarias comprobaciones para la resolución de los expedientes.
Con ello, se procederá a la configuración de nuevos textos normativos de toda índole, en colaboración con las consejerías implicadas, que persigan estos fines.
Fondos de Recuperación
Otro de los ejes que marcarán la acción de la Vicepresidencia primera a lo largo de estos cuatro años es el de la gestión de los fondos de recuperación con el objetivo último de culminar con el mayor nivel de éxito y eficacia posibles la gestión y ejecución de las ayudas asignadas, de los que hasta el momento se han administrado 1.161 millones de euros, y otras que pudieran corresponder a las comunidades autónomas del Plan de Recuperación.
Y es que, tal y como ha recordado Martínez Guijarro, en estos próximos meses ha de abordarse la implementación de la segunda parte del Plan de Recuperación, la Adenda del Plan, que ha de canalizar los aproximadamente 80.000 millones de Euros que España ha de recibir en forma de créditos.
Además, los territorios autonómicos van a participar de la gestión de la Adenda básicamente a través del denominado Fondo de Resiliencia Autonómico, dotado con 20.000 millones de euros de créditos destinados a financiar inversiones sostenibles a ejecutar por la Administración regional y otras administraciones o por el sector empresarial privado en una serie de áreas prioritarias de inversión.
Desde la Vicepresidencia Primera se coordinará y se hará seguimiento igualmente de la gestión de los créditos transferidos a Castilla-La Mancha, a través de los órganos y grupos de trabajo establecidos. Y, al igual que con las ayudas ya transferidas del Plan de Recuperación, se trabajará en la búsqueda de propuestas que mejoren y agilicen la gestión y absorción de los fondos tanto en el ámbito de la Junta de Comunidades y del sector público regional, como en el sector privado, en el tejido empresarial.
“Nuestro objetivo”, ha explicado, “es atraer el mayor volumen posible de fondos y que incidan de la manera más eficaz en reforzar, modernizar y hacer más sostenible nuestro modelo socioeconómico, con independencia de qué administración los gestione y de si finalmente los invierte la Junta, una Universidad, una empresa o una persona física”.
La lucha contra la despoblación, una seña de identidad
Junto a los nuevos retos que afronta la Vicepresidencia primera para esta legislatura está seguir luchando para hacer frente al fenómeno de la despoblación, una materia en la que el Ejecutivo regional es pionero y referente a la hora de adoptar medidas para paralizar y revertir la pérdida demográfica con la aprobación de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Se trata de una norma elaborada y aprobada con el consenso político y social, que blinda los servicios públicos en el medio rural e incorpora la fiscalidad diferenciada para aquellos que residan en las zonas afectadas por la despoblación y que viene reforzada por su principal instrumento de aplicación, la Estrategia Regional Frente a la Despoblación, con horizonte 2031 y cuya primera revisión se hará el próximo 2025.
Medidas que, tal y como ha apuntado el vicepresidente primero, ya están dando sus frutos porque “la realidad es que los primeros datos ponen de manifiesto que el principal indicador que se analiza, cuando hablamos de despoblación, que es el saldo migratorio, es positivo en todas las zonas afectadas por despoblación”. Y es que, según los últimos datos del Padrón Continuo del INE, en los últimos dos años, 2022-2020, según los datos publicados, el saldo migratorio a nivel regional de estas tres zonas -en riesgo, extrema e intensa despoblación- ha sido positivo y arroja un aumento de población de 8.612 habitantes.
Simultáneamente a este proceso de evaluación intermedia de la estrategia, realizaremos un diagnóstico de las singularidades y especiales demandas y necesidades que cada una de las zonas escasamente pobladas y de las que se encuentran en riesgo. O lo que es lo mismo “acercar la lupa a cada zona concreta de nuestro territorio para recabar las necesidades y carencias de las diversas zonas e implantar una serie de medidas para atender las primeras y paliar las segundas” a través de Planes de Desarrollo Sostenible en cada una de las zonas.
