El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la “prudencia y responsabilidad” con la que se ha elaborado el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que hoy se debate y vota en las Cortes regionales, y que asciende a 7.960,4 millones de euros para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz Molina durante el pleno del Parlamento autonómico, donde ha recordado que entre esos compromisos está mantener la congelación de la presión fiscal, “lo que nos permitirá continuar siendo una de las comunidades autónomas con menor carga impositiva”.
En su intervención, el consejero ha explicado que el techo de gasto para 2024 es el gasto máximo en el que la Administración regional puede incurrir a lo largo del próximo año y ha informado de que, con su aprobación, se inicia de manera oficial el trámite parlamentario para aprobar, con posterioridad, el proyecto de Ley de Presupuestos del próximo ejercicio, con el fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero, “un objetivo que cumpliremos gracias a la estabilidad política de la que goza esta región”, ha recalcado.
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha incidido en que, junto al cumplimiento de los compromisos, hay otros dos principios que justifican su cuantía. Por un lado, la prudencia. “Todas nuestras estimaciones están hechas con excesiva prudencia”, ha subrayado Ruiz Molina, y ha continuado, “las hacemos con mesura y moderación”.
Por otro lado, se ha referido a la responsabilidad en relación al déficit 0, ya que “no parece adecuado incrementar nuestro endeudamiento en un contexto de subida de tipos de interés, derivada de las decisiones del BCE, porque estaríamos comprometiendo el presupuesto, no ya de 2024, sino de los ejercicios posteriores”.
De esta forma, Ruiz Molina ha hecho hincapié en que el límite de gasto no financiero “cuenta con todos los elementos para diseñar un presupuesto que siga impulsando el crecimiento económico y generando empleo y riqueza”, así como para seguir construyendo “una sociedad mucho más moderna, justa e igualitaria”.
Previsiones de crecimiento
El consejero ha puesto de manifiesto tres circunstancias en las que se enmarca el límite de gasto no financiero para 2024: el contexto económico en el que se va a ejecutar, la desactivación de la cláusula de salvaguarda del pacto de estabilidad y crecimiento y su presentación en las Cortes sin que haya habido previamente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar de los aspectos fundamentales para la elaboración, por parte de las autonomías, del correspondiente proyecto de Ley de Presupuestos.
En relación al contexto económico, ha dicho que los principales servicios de estudios económicos consideran que la economía regional podría crecer en el próximo ejercicio entre el 2,6 por ciento, como apunta HISPALINK; o el 2,3 y el 2,4 por ciento, como estiman CEPREDE y BBVA, respectivamente.
En este punto, ha añadido que las previsiones realizadas por el servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, tomando como referencia las del Gobierno de España y utilizando el modelo econométrico recomendado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), estiman que la economía regional podría crecer en 2024 un 2,7 por ciento en términos reales, con un deflactor del PIB del dos por ciento. “En consecuencia, se prevé un crecimiento que podría ser mayor al observado para España en su conjunto”, ha puntualizado.
En segundo lugar, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha indicado que la Comisión Europea ya ha recordado que no se dan las condiciones para tener activada la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y crecimiento y, por tanto, para 2024 estarán nuevamente vigentes las reglas fiscales.
Finalmente, ha incidido en que no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio, donde se informa a las comunidades autónomas del importe de las entregas a cuenta que de acuerdo con el sistema de financiación autonómica corresponden para el año siguiente a cada comunidad, así como del importe de la liquidación correspondiente al ejercicio 2022 y del déficit en el que pueden incurrir. Ante esta situación, ha continuado, “el Gobierno regional ha optado por hacer sus propias previsiones de ingresos”.
Componentes del límite de gasto no financiero
Además, Ruiz Molina ha detallado los principales componentes del límite de gasto no financiero para 2024. El primero son los ingresos propios de carácter no financiero, que ascienden a 7.885,9 millones. De esta cifra, el 87 por ciento, es decir, 6.863 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente e incluye las entregas a cuenta de 2023 y la liquidación correspondiente al ejercicio 2022.
“El elevado porcentaje que esta magnitud representa en el total de los ingresos de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto la importancia que para la región tiene abordar de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica”, ha insistido el consejero.
Asimismo, ha precisado que el 13 por ciento restante, es decir, 1.022 millones, “se corresponde con los ingresos de carácter tributario que gestionamos desde la Administración regional y los provenientes de otras administraciones”, como el Estado o la Unión Europea.
El segundo componente lo constituyen los ingresos en relación al REACT EU, el fondo europeo que, con carácter extraordinario, se aprobó en 2020 y por el que a Castilla-La Mancha le correspondieron 392 millones de euros. Para 2024 se ha presupuestado la cuantía que se espera ingresar como consecuencia de las justificaciones de gasto que se vienen realizando y, dado el alto nivel de ejecución, se ha estimado en 40 millones de euros.
La tercera magnitud es el déficit, punto en el que ha recordado que para 2024 el déficit que contemplarán los Presupuestos es de cero euros. Y, finalmente, la cuarta y última magnitud son los ajustes de contabilidad nacional, que suman 34,5 millones de euros y que son aquellos ajustes que se deben realizar para que el techo de gasto sea fijado en términos de contabilidad nacional.
