El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha presidido hoy la primera reunión del equipo directivo de este Departamento del Gobierno regional a quien ha dado la bienvenida y del que ha dicho que es un equipo “comprometido, ilusionado y al que no le va a faltar constancia en el trabajo” para desde su nueva responsabilidad “mejorar las condiciones socioeconómicas de agricultores y ganaderos y revitalizar el mundo rural”.
Así lo ha indicado antes de comenzar esta reunión en la que ha dejado claro que el primer objetivo es que las mujeres y los hombres que trabajan en la agricultura y la ganadería desarrollen su actividad en las mejores condiciones y conseguir que el medio rural se desarrolle en igualdad de oportunidades.
También ha recordado que el sector aporta ya el 18 por ciento al PIB, lo que evidencia “la gran importancia que tiene en una región orgullosamente rural, y que pone de manifiesto la inquietud de nuestra gente por desarrollar actividad económica y mantener vivos los entornos en los que nos desarrollamos en nuestros pueblos”.
El consejero ha explicado que la nueva estructura de la Consejería responde por un lado a la necesidad de dar respuesta a los retos que se abren en esta nueva legislatura como la aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), la reordenación de la tramitación normativa que tienen que realizar las explotaciones agropecuarias o la creación de nuevos proyectos.
También habrá cuestiones novedosas como el Bono de Emprendimiento para el medio rural “en el que ampliamos lo ya conocido como la incorporación de jóvenes solo vinculados a la agricultura y la ganadería y donde tendrán cabida otras iniciativas con otro carácter empresarial en el medio rural para intentar revitalizarlo, acompañando con la Ley de Despoblamiento que el Gobierno de Emiliano García-Page puso en marcha en la legislatura anterior y que es modelo y reseña en España y Europa”, ha recalcado. Y todo ello dando continuidad al trabajo del anterior equipo al que ha agradecido su esfuerzo y dedicación.
Con este planteamiento, la estructura de la Consejería quedaría integrada por la Viceconsejería de Política Agraria Común y Política Agroambiental, dirigida por Gracia Canales Duque; la Dirección General de Agricultura y Ganadería, cuyo máximo responsable es Jesús Fernández Clemente; la Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la que se encarga Joaquín Cuadrado Ortiz; la Dirección General de Desarrollo Rural con José Juan Fernández Zarco al frente y la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas dirigida por Elena Escobar Sánchez.
Por áreas
La Viceconsejería de Política Agraria Común y Política Agroambiental se crea con el objetivo estratégico de priorizar estas políticas para responder al cambio de enfoque de la PAC, que ahora orienta las ayudas a la consecución de los objetivos marcados en su Plan Estratégico, y también de cara a las propuestas de mejora y modificación que esta Comunidad Autónoma pueda plantear para ajustar su contenido a las demandas y necesidades de agricultores y ganaderos.
El consejero también ha citado los compromisos agroambientales que desarrollará Castilla-La Mancha, destacando el importe destinado a estas medidas, por ejemplo, en materia de agricultura ecológica, a la que se va a destinar 160 millones de euros, sin perder de vista otras medidas agroambientales como la conservación de razas, la apicultura para la biodiversidad, o la gestión de viñedo sostenible entre otras, a las que se destinarán 47 millones.
Por lo que respecta a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, el consejero ha explicado que se ha unificado toda la gestión de la mayoría de ayudas dirigidas a agricultores y ganaderos, las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), las relacionadas con la viticultura y con el Plan Nacional Apícola. Todas ellas ayudas comunitarias financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) cuyo montante de pagos en el último año asciende a cerca de 700 millones de euros (645,6 de pagos directos, 40 millones en reestructuración viñedo y 1,2 millones para el Plan Nacional Apícola), así como, ayudas financiadas con FEADER entre las que cabe destacar las ayudas al Bienestar Animal.
La Dirección General de Ordenación Agropecuaria, de nueva creación, “es una apuesta clara para la ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrícolas y ganaderos y sus medios de producción”. Entre sus competencias se encuentran la sanidad vegetal y control en materia de semillas y plantas de vivero; la sanidad animal y la protección y bienestar de todas las especies animales y los ‘programas de higiene y control de la producción primaria ganadera y agrícola y su trazabilidad.
También se encargará del Registro de Explotaciones Agrarias y del Cuaderno de Explotaciones, de la promoción y fomento de los seguros agrarios y del estudio y evaluación de los ecosistemas agrarios y OMG (transgénicos).
Por su parte, para la Dirección General de Desarrollo Rural la incorporación de jóvenes al sector agropecuario y la mejora, modernización, innovación y digitalización de las explotaciones, seguirán siendo las líneas prioritarias, no en vano se ha establecido un incremento de ayudas de un 35 por ciento. El objetivo es “incorporar otros 2.000 jóvenes más al sector, que sumados a los 4.000 anteriores demuestran que nunca ha habido tantas incorporaciones ni un apoyo tan amplio al relevo generacional en ninguna parte de España como el que se está realizando en la región”.
Respecto al nuevo programa LEADER 2023-2027, el consejero ha recordado que ha quedado resuelta la asignación de 94 millones de euros a los 29 Grupos de Desarrollo Rural para el desarrollo de las estrategias elaboradas con la participación de las gentes del territorio y acercar así las ayudas a los habitantes del medio rural que tengan una inquietud emprendedora.
Regadío
En materia de regadío, se ponen entre marcha tres líneas de actuación claramente definidas que son un Plan Director de Regadío, la modernización de los existentes y la mejora del conocimiento del regadío en Castilla-La Mancha mediante técnicas como la teledetección.
Para finalizar, la Dirección General de Alimentación pasa a denominarse Dirección General de Producción Alimentaria y Cooperativas, con el fin de incluir en el nombre la palabra cooperativas “como gesto de reconocimiento a su importancia en el sector agroalimentario de nuestra región; porque son un baluarte importantísimo para dar mayor valor añadido a la producción y porque tienen un papel socioeconómico fundamental ya que en muchos casos son la única empresa que hay en nuestros pueblos y realizan un soberano esfuerzo para mantener vivas esas infraestructuras y dotar a los pueblos de trabajo”.
En cuanto a sus líneas estratégicas pasan por potenciar la promoción de los alimentos de la región a través de la marca de garantía ‘Campo y Alma’ y conseguir el reconocimiento por parte de la Comisión Europea de nuevas figuras de calidad para el pistacho, el champiñón y setas o el esparrago verde; fomentar la integración comercial de las cooperativas mediante figuras como la EAPIR y las agrupaciones de productores de productos agroalimentarios (APPaas); poner en marcha ayudas para favorecer la inversión y la generación de empleo en las industrias alimentarias y cooperativas a través de líneas como OPFH, FOCAL y VINATI; publicar una nueva Ley de Calidad Agroalimentaria y trabajar “por una cuestión importantísima, el viñedo, uno de los cultivos más importantes a nivel regional, nacional y mundial” para lo cual el objetivo es crear la Interprofesional del Vino de Castilla-La Mancha.
