La federación de víctimas de accidentes laborales ha planteado, al secretario de estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, durante una reunión este jueves en la sede de su ministerio, la necesidad de tener en cuenta a las personas afectadas por la siniestralidad laboral en el diseño de las políticas de prevención de riesgos y de reparación del daño causado.
Tres de la cuatro asociaciones en proceso de crear una federación de víctimas de la siniestralidad y enfermedad laboral (Plataforma 28 de abril: Stop accidentes laborales de La Rioja; Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo, AVALTO; y la Asociación de Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, AVAELA) han mantenido una reunión con el secretario de estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.
En la reunión con el alto responsable del ministerio que dirige Yolanda Díaz, Pérez Rey ha dado a conocer algunas medidas adoptadas por su departamento, como la aprobación de la Estrategia Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y las mejoras estadísticas para evaluar la evolución de la siniestralidad laboral, entre otras.
Por su parte, los representantes de las víctimas le han trasladado la necesidad de que la voz de las personas y familias afectadas “se haga presente en los ámbitos en los que se trata, decide y aborda la siniestralidad”, según el presidente de AVAELA, Miguel Cruz.
“No sabemos más que nadie, ni somos expertos, pero nuestro punto de vista es imprescindible para que quienes toman decisiones comprendan la trascendencia de lo que está en juego”, ha añadido Cruz, para quien “el punto de vista de las víctimas no lo puede aportar más que quien ha sufrido las consecuencias de un siniestro o una enfermedad en el trabajo”.
De paso, han aprovechado para expresar su disconformidad con la decisión gubernamental de indultar a la empresaria responsable, según el dictamen judicial, de un accidente ocurrido en una fábrica de ron en Motril, así como la falta de avances en el reconocimiento y reparación del daño causado a las personas trabajadoras de la antigua fábrica de Uranio de Andújar.
Los integrantes de la federación, todavía en ciernes, han detallado al alto mandatario gubernamental las actividades que llevan a cabo en lo que entienden como “una labor de suplencia de obligaciones que competen a los poderes y Administraciones públicas”, ha declarado Cruz.
En concreto, el portavoz de AVAELA se refiere al asesoramiento psicológico y jurídico a las familias que pierden a un ser querido en su puesto de trabajo y a las que sufren una enfermedad de origen laboral, así como su esfuerzo de sensibilización a la sociedad, a las administraciones y a los agentes económicos y sociales sobre esta lacra que siega la vida de dos personas al día y merma la salud de cientos de miles en nuestro país.
También han aprovechado para compartir la urgencia de poner en marcha, tal y como recoge la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una campaña masiva de concienciación, tan ambiciosa, al menos, como las que caracterizan a la Dirección General de Tráfico.
Aunque sin relación directa con las responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Economía Social, también le han expresado a Pérez Rey la importancia de que sea su departamento lidere otros asuntos importantes para las víctimas como la necesidad de reforzar los medios y competencia de la fiscalía especializada en siniestralidad laboral o capacitar al personal médico de la atención primaria para detectar posibles dolencias relacionadas con el trabajo.
Ambas partes han coincidido en señalar la idoneidad de seguir reduciendo la precariedad laboral, íntimamente relacionada con las muertes en el trabajo y las enfermedades laborales, también psicosociales, por lo que se han emplazado a próximos encuentros en los que poder encontrar vías de colaboración.
Fuente: Noticias Obreras (HOAC)
