El Gobierno de Castilla-La Mancha dota de estabilidad y protección a la estructura de la Mesa del Tercer Sector Social con una subvención finalista de 460.000 euros, prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Junta para 2023, que permitirán a las entidades asociadas mantener una estructura de funcionamiento, sin entrar en concurrencia competitiva con las propias entidades agrupadas, para garantizar su viabilidad.
Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la firma del convenio de colaboración con el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social, José Antonio Romero, y en la que han estado acompañados por los representantes de cada una de las entidades que integran la Mesa: la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), CERMI, la Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha, la Coordinadora de ONGD, así como por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y el director general de Discapacidad, Javier Pérez.
Así, García Torijano ha destacado que el objetivo del Gobierno regional es “seguir fortaleciendo, seguir reforzando y seguir protegiendo el Tercer Sector Social, porque para nosotros, y es algo que hemos demostrado en muchas ocasiones, sois un aliado imprescindible para llegar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha”, y ha añadido, que de forma conjunta, “somos un ejemplo de un buen trabajo coordinado, con avances y que llega a los ciudadanos y ciudadanas de la región”.
Asimismo, la consejera de Bienestar Social ha detallado que con la firma de este convenio “reconocemos a la Mesa del Tercer Sector como estructura organizativa que aglutina y acoge a todo el Tercer Sector Social, a través de sus plataformas de representación integradas, dotamos económicamente este apoyo con una subvención finalista, y visibilizamos la importante tarea del apoyo en la toma de decisiones conjuntas, porque la unión nos hace más fuertes”.
En este contexto, la titular de Bienestar Social ha recordado que con la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castila-La Mancha en 2020, “el Gobierno regional pretendía y pretende la cooperación y colaboración de las entidades entre sí, así como con la Administración”. “Tanto las entidades como los profesionales son colaboradores imprescindibles del Gobierno regional para que los servicios públicos lleguen a toda la ciudadanía, vivan donde vivan”, ha destacado la consejera.
A este respecto, García Torijano se ha referido al desarrollo de esta ley con la constitución y regulación de la Comisión de Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social “como actor principal para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza en Castilla-La Mancha”.
Por otro lado, ha destacado también el trabajo llevado a cabo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha durante estos años para mejorar la estabilidad de las entidades; adelantando las convocatorias, estableciendo un sistema mensual de pagos o simplificando los trámites de estas convocatorias.
