La parlamentaria socialista en las Cortes regionales Manuela Casado ha señalado hoy en Ciudad Real que el decreto de ayudas para pymes y autónomos aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno dotado con tres millones de euros es una nueva prueba del respaldo incondicional del Ejecutivo de Emiliano García-Page al tejido empresarial de nuestra Comunidad Autónoma.
Casado ha explicado que el decreto se inscribe dentro de la Estrategia del Impulso al Trabajo Autónomo en Castilla-La Mancha y contempla hasta 169 medidas para consolidar el empleo autónomo, favorecer el relevo generacional, incentivar el mantenimiento de la actividad emprendedora y favorecer la inserción laboral y la conciliación laboral, personal y familiar.
En cuanto a conciliación, la norma permite la concesión de ayudas de duración determinada para disfrutar de permisos de maternidad o paternidad y por embarazos de riesgo, dar continuidad a los negocios, con subvenciones de hasta 6.600 euros, incorporar a familiares colaboradores al régimen de autónomos, con ayudas de hasta tres mil euros, y para fomentar las contrataciones indefinidas, que pueden dar lugar a una subvención de hasta nueve mil euros.
La diputada regional socialista ha destacado, además, que el montante de estas subvenciones puede verse aumentado hasta un 40% dependiendo de la zona de residencia del solicitante con el fin de favorecer la economía y el emprendimiento en las zonas con menor población. De este modo, el importe de las ayudas procedentes de municipios de menos de dos mil habitantes se incrementará un 40% y un 20% en el caso de las localidades con mayor población, pero situadas en áreas de despoblación intensa.
Según Manuela Casado, esta convocatoria de ayudas es “una nueva demostración del respaldo incondicional que el Gobierno regional lleva desarrollando desde la llegada de García-Page a la presidencia y que tiene su máxima expresión en los 660 millones de euros que ha destinado al Plan Adelante desde 2016”.
Para la parlamentaria socialista, este esfuerzo por fomentar la actividad empresarial y la contratación de trabajadores y trabajadoras contrasta con “la supresión de prestaciones y la reducción de políticas activas de empleo que llevó a cabo el PP entre 2011 y 2015, una situación que se ha revertido en estos ocho años gracias a que hay un Gobierno regional para el que las trabajadoras y trabajadores son una prioridad”.
