Rosa Romero. Diputada nacional del PP-CLM.- Los nueve diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha votaron a favor de la Ley del “solo sí es sí” y lo hicieron sabiendo que iba a ser perjudicial para las mujeres, ya que el 25 de julio de 2020, la Junta de Comunidades advirtió a la ministra de Igualdad sobre las dudas que le generaba la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en relación a la rebaja de penas en los delitos cometidos por agresión sexual.
Pero si los socialistas de Castilla-La Mancha tenían dudas, instituciones judiciales, asociaciones de mujeres, mi partido y tantos otros organismos lo teníamos muy claro: estábamos ante la mayor chapuza legislativa de la Democracia y así se lo advertimos.
Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha miraron para otro lado cuando el Consejo General del Poder Judicial advirtió en su informe preceptivo de la ley ‘solo sí es sí’ que era posible que las penas se llegaran a reducir. Este documento del CGPJ ya indicaba que “la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente”.
Pues bien, la ley ya ha beneficiado a 1 de cada 10 delincuentes sexuales. Ya son más de 500 los violadores y pederastas beneficiados por esta aberración. Cada día que pasa se suman por decenas los depredadores sexuales que ven rebajadas sus penas e incluso excarcelados, y es que, aunque el Gobierno se ha dado mucha prisa en modificar la malversación y la sedición, está tomándose demasiado tiempo con la ley promovida por sus socios de Podemos.
Cuatro meses ha tardado el Gobierno en reaccionar y decidirse a rectificar, justo cuando ha tenido encuestas en la mano. Es algo propio de necios no tener por costumbre rectificar y si alguna vez parece que lo hacen no es porque se arrepientan de haber obrado mal, sino que lo más probable es que lo hagan por motivos estratégicos, quizá por el coste reputacional. Desde el Partido Popular le pedimos a Sánchez que también pida perdón a las víctimas, que han visto cómo sus agresores sexuales se han beneficiado de la reducción de las condenas.
Recuerdo, con vergüenza ajena, cómo la bancada socialista en el Congreso de los Diputados, simultáneamente, de pie y al grito de “aquí estamos todos”, aprobaron la rebaja de la sedición. También votaron a favor, ya sin tanta floritura (sentados en sus escaños), todas las leyes que rebajan condenas a los delincuentes y abaratan la corrupción y los delitos sexuales.
La responsabilidad de votar a favor de una mala ley es un tema que debe ser tratado con mucha seriedad. Cuando una ley es aprobada, se espera que sea una ley que beneficie a la sociedad y no que cause daño. Legislar técnicamente mal y a golpe de populismo tendrá un alto coste social. Es una dinámica perversa. Seriedad, compromiso y eficacia han quedado ausentes. Sin duda, una oportunidad perdida para aportar seguridad jurídica a las víctimas de violencia sexual.
Si como diputada nacional del PP se me hubiera impuesto la disciplina de voto para sacar adelante esta Ley, les aseguro que nunca jamás hubiera sido capaz de votar a favor, sabiendo de antemano, como se sabía, que implicaría rebajas de penas a violadores y un daño irreparable a las víctimas de agresiones sexuales.
Si los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, con el beneplácito de Page, votaron a favor de una ley que resulta ser perjudicial para la sociedad, que no protege más ni protege mejor a las mujeres, ahora deben estar dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones. Que cada palo aguante su vela.
