El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que establece un caudal ecológico para el río Tajo cuya implantación paulatina contempla el Plan Hidrológico aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado mes de diciembre.
Así lo ha explicado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, a preguntas de los periodistas hoy en Mota del Cuervo (Cuenca), con motivo de la manifestación contra el recorte del trasvase Tajo-Segura que se celebra hoy en Madrid.
En concreto, Martínez Guijarro ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para dar cumplimiento a esa sentencia del Supremo que vienen a decir que hay que fijar un caudal ecológico para el Tajo como lo existe para otros ríos en España.
Para ello, se ha establecido una cifra y una cadencia para llegar a la misma, marcada por el acuerdo que surgió del Consejo Nacional del Agua y “esperamos que el Gobierno respete” donde se establece la progresividad de implantación de ese caudal ecológico que, en el año 2027, debían ser de 8,65 metros por segundo en Aranjuez, 17,25 metros cúbicos por segundo en Toledo y 18 metros cúbicos por segundo en Talavera de la Reina. “Esto es lo que estamos defendiendo ante el Consejo de Estado”, ha sentenciado.
Nueva Ley de Universidades
Sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la nueva Ley de Universidades, el vicepresidente ha reiterado la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha a la enmienda que plantea que los claustros puedan hacer pronunciamientos ideológicos.
“Nosotros creemos que los órganos de gobierno de las universidades no están para hacer política. La política se hace en los parlamentos y el resto de instituciones y, por lo tanto, los órganos de gobierno de las universidades tienen que mantener su neutralidad”, ha dicho Martínez Guijarro, que ha advertido que, en el caso de que esta neutralidad se pueda alterar, se estudiará con los servicios jurídicos de la Junta su posible inconstitucionalidad.
Por otro lado, ha aludido al tema de la financiación como punto de desacuerdo con el anteproyecto de Ley. Y es que, tal y como ha señalado, “vamos a estar muy atentos” para que ante un posible incremento de costes de financiación que pueda suponer para la Universidad de Castilla-La Mancha, “reclamárselo al Ministerio de Universidades porque es lo que dice la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas”.
