Ángel Andrade, uno de nuestros más importantes pintores de la provincia de Ciudad Real, quiso que, en el techo del salón de plenos de la Diputación Provincial figuraran, para siempre, las alegorías universales de fortaleza, prudencia, templanza y justicia, valores éstos plenamente democráticos y morales que deben siempre adornar a una institución pública que, naciendo de la Constitución de Cádiz de 1812, artículo 325 sirve, entre otras múltiples vertientes, para prestar servicios de dirección a los ciudadanos y apoyo técnico y tecnológico a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Ciudad Rea muy especialmente aquellos municipios menores de veinte mil habitantes
El edificio, comenzado el año 1889 y terminado en julio de 1982 bajo la dirección del arquitecto Santiago Rebollar Muñoz, es uno de los más bellos y representativos del estilo civil, en clave clasicista, que posee Ciudad Real capital y en el que se alberga, prácticamente, la obra pictórica más importante del pintor ciudadrealeño Ángel Andrade. Fue declarado Bien de Interés Cultural por el Decreto 71/1993 de junio por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Bien podría figurar en la fachada de la diputación el nombre del pintor porque sin su aportación, en todos los órdenes, el palacio no tendría hoy, ni mucho menos, el reconocimiento nacional e internacional aportado por el pintor paisajista universal.
Mucho se ha escrito sobre esta institución provincial y no querría olvidar la obra de Isidro Sánchez Sánchez: Historia de la Diputación Provincial de Ciudad Real 1835 – 1999 y la de María Soledad Campos: Origen y Consolidación de la Diputación de Ciudad Real, ya que en ellas se hace un estudio pormenorizado de todos los momentos más significativos por los que ha ido pasando la diputación de Ciudad Real, no es ese mi objetivo sino indicar y señalar alguno de los aspectos que, hoy, nos llama más la atención, referente al momento en el que se encuentran todas las diputaciones provinciales en las comunidades que existen estas instituciones.
Como ya hemos indicado, la Diputación tiene su origen en la Constitución de Cádiz de 1812 y concretamente en el titulo VI capítulo II dedicado al gobierno político de las provincias y dimanando de este capítulo, por el decreto de 23 de mayo de ese mismo año 1812, se crean las diputaciones provinciales. La división territorial de España no queda perfectamente constituida hasta el Decreto de 27 de enero de 1822 que dividía a España en 52 provincias. Por este decreto la provincia de Ciudad Real queda configurada, territorialmente hablando, muy semejante a la actual aunque después se acometan ciertas modificaciones geográficas en provecho de Albacete y Toledo principalmente.
La diputación provincial de Ciudad Real se constituyó en 1835 sin sede propia ya que era solamente una corporación de notables, representativa de los ayuntamientos a su vez elegidos por sufragio censitario con funciones meramente deliberativas y presidida por un jefe político o gobernador civil nombrado por el Gobierno Central. Esta primera corporación está compuesta solamente por ocho vocales, un presidente, en este caso Gobernador Civil D. Andrés Rubiano y un vicepresidente nato que era José Camp como interventor de la Mancha. Sus funciones eran de asesoramientos a los municipios así como representarlos ante el gobierno central.
Desde 1978, año en que se aprobó, por referéndum nacional, la constitución Española, la corporación de la diputación provincial de Ciudad Real compuesta por 27 diputados, elegidos por votación indirecta, dado que primero se eligen los concejales de los municipios y éstos, mejor dicho el partido, designa a los diputados de cada zona teniendo en consideración el número de diputados asignados a cada una de ellas y el número de votos obtenidos, ha sido gobernada por seis presidentes, elegidos por los concejales de su grupo político. Desde Miguel Sánchez Maroto (1977-1983) primer presidente seudodemocrático ya que gobernó antes de la convocatoria de las elecciones municipales de 1983 pero ya en tiempo democrático, pasando por Javier Martín del Burgo Simarro, primer presidente elegido democráticamente, Francisco Ureña Prieto, en cuyo mandato llegó el AVE a Ciudad Real y comenzó a funcionar la Universidad, Luis Jesús Garrido Carrancho, poco significativo en su gestión, Nemesio de Lara Guerrero, único presidente que gobernó la institución provincial durante diez y seis años y gran apasionado de todos los necesitados y discapacitados, hasta llegar al actual presidente José Manuel Caballero Serrano. Bien podríamos afirmar que el funcionamiento bueno o malo de la institución provincial, durante estos últimos cuarenta y cuatro años, ha sido responsabilidad del PSOE que la ha gobernado unos treinta y cuatro años frente a 10 del centro derecha.
Aún me resuenan en los oídos las alegorías de Ángel Andrade: Fortaleza, Prudencia, Templanza y Justicia. En estos momentos políticos en los que los nuevos partidos y también el PSOE ponen en duda la vigencia, el vigor, la fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia de la institución provincial representativa de los municipios y muy especialmente de los más pequeños en población y apuestan decididamente por la eliminación total o parcial, dado que no han cumplido con los cometidos que le fueron encomendados o porque han llegado a tal grado de inoperancia funcional que se han convertido en centros politizados, desprovistos de la necesaria meritocracia que debe, hoy más que nunca, acompañar a las instituciones representativas más importantes a nivel provincial, parece necesario, con necesidad de medio, analizar todos sus elementos para tener una idea clara de su necesidad.
El territorio español está dividido en 50 provincias y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), de estas cincuenta provincias solamente 38 provincias poseen diputaciones provinciales con un presupuesto que ronda los ocho mil millones de euros de los que más del 37% por ciento se dedica a financiar la propias instituciones provinciales 12.8% a la producción de bienes públicos y solamente un 10% se dedica a servicios básicos públicos, y con unos 1000 cargos políticos. ¿Acaso no está justificada la petición que realizan muchos políticos de eliminación o transformación de estas instituciones provinciales?
La diputación provincial, tal como señala S. Muñoz Machado, dentro del territorio nacional ha quedado relegada a un papel muy secundario en el conjunto de nuestro sistema administrativo dentro del actual marco constitucional, es un cascarón vacío. Es cierto que los padres de la Constitución Española no pudieron prever el posterior desarrollo competencial de las Nacionalidades y Regiones que daría como resultado la aparición de solapamientos, competencias paralelas, duplicidades de funciones y servicios con cuatro administraciones coincidentes en el mismo territorio: Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Estado Central. Para Ciudadanos y Podemos las diputaciones provinciales han sido un nido de corrupción sin control democrático. Siendo esto verdad o mentira lo que sí parece razonable es que las diputaciones provinciales deben tener mayor legitimidad política mediante la elección de la corporación por votación directa para que tengan la visibilidad social, el reconocimiento y el control social y político que, en estos momentos, no están tan claros.
No cabe duda, que las diputaciones deben plantearse objetivos claros y concretos, entorno a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para recuperar el concepto de diputación, igual a una red de municipios y bajar el listón de las ambiciones faraónicas y supra provinciales que por doquier acosan a la institución provincial. Parece urgente aligerar los lastres organizativos y eliminar los problemas clásicos de la administración pública como pueden ser el clientelismo, el corporativismo, excesos burocráticos y algunos otros más como el estado de politización total en el que se han anclado.
Si siempre estas instituciones tuvieron problemas para su implantación, hoy los tienen y mucho más fuertes para su continuidad y si no son capaces de acomodarse a las necesidades propias de los municipios que requieren su ayuda, que necesitan apoyo financiero que se encuentran solos y abandonados y dejan a un lado los grandes eventos muy personalizados y de poco valor real es muy posible que las diputaciones provinciales no puedan cumplir las cuatro alegorías que figuran el techo de la diputación de Ciudad Real, creadas por Ángel Andrade. Fortaleza, Prudencia, Templanza y Justicia porque seguramente tendrán los días contados y eso siempre es una gran pérdida.
A las cuatro alegorías, diseñadas por Ángel Andrade, yo añadiría la de transparencia en la gestión ante los ciudadanos para que esta institución provincial siga trabajando en beneficio de los ciudadanos y en especial de ese mundo rural abandonado, potenciando ese abandono por la ciudad y su comodidades. Las diputaciones deberían ser el lazo de unión entre el mundo rural y el mundo de la ciudad. Pero son eso? O más bien las contemplamos como nichos de poder político?
