El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará el próximo año, a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 216,5 millones de euros para proseguir con la transformación digital de la Administración regional, consolidar el empleo público, avanzar en la eficiencia energética de los edificios públicos de la Junta y continuar con la renovación profunda de los servicios que se prestan en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
Así lo ha destacado el titular de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha comparecido esta tarde para informar sobre los presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para 2023.
Ruiz Molina ha hecho hincapié en el “carácter transversal” de esta área de Gobierno, que, además de coordinar los recursos financieros, humanos y tecnológicos, también asume las competencias de administración local y protección ciudadana y ha explicado que esta Consejería se plantea “importantes objetivos de cara al próximo ejercicio”, entre ellos, “proseguir con la transformación digital de la Administración regional, con la incorporación y el uso de nuevas tecnologías, que faciliten la plena accesibilidad de la ciudadanía a los servicios que presta la Junta de Comunidades”.
En este sentido, el consejero ha dicho que se van a destinar 83 millones de euros “para avanzar en el proceso de digitalización de la Administración regional, acercando los servicios públicos al ciudadano, independientemente de donde resida”; así como “para reducir la brecha digital, a través del Plan de Capacitación Digital para la Ciudadanía; desarrollar nuevas plataformas tecnológicas para avanzar en un gobierno digital eficiente y adaptado a las necesidades; y finalizar el proyecto Empleado 360, que está revolucionando tecnológicamente los puestos de trabajo del personal empleado público”.
Otras de las actuaciones que se plantean en este ámbito son el refuerzo de la ciberseguridad y la consolidación de la tecnología en la nube, unas actuaciones que, como ha precisado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, “están relacionadas con los tres centros de conocimiento ubicados en el Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha”.
Ruiz Molina ha señalado que un segundo objetivo es consolidar el empleo público en Castilla-La Mancha, “blindando las plantillas, mejorando sus condiciones laborales y retributivas y reforzando su capacidad formativa”. En este sentido, ha precisado que el presupuesto incluye el incremento retributivo máximo autorizado por el Gobierno de España para los empleados públicos en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y los gastos correspondientes a los procesos selectivos del personal de Administración General que se van a desarrollar a lo largo del próximo ejercicio y que supondrán las convocatorias de 2.300 plazas en este sector, que se sumarán a las de Educación y Sanidad.
Eficiencia energética y renovación del 1-1-2
El consejero ha indicado que el tercer objetivo de este presupuesto es avanzar en la eficiencia energética de los edificios públicos de la Junta con una inversión de 20 millones para financiar, fundamentalmente, las obras de rehabilitación y reforma de un conjunto de edificios públicos que permitan, por un lado, mejorar las instalaciones destinadas a uso administrativo y, por otro, promover el uso de energías renovables en los inmuebles de la Administración regional.
Y el cuarto objetivo, ha continuado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, es continuar con la renovación profunda de los servicios que presta la Junta de Comunidades en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello, se va a incrementar un 30 por ciento el presupuesto en este ámbito, pasando de 11 a 14 millones de euros, dirigidos a la construcción de un nuevo edificio para el servicio 1-1-2 de Castilla-La Mancha, que tendrá un coste total de 15 millones de euros; la ampliación, en un 28 por ciento, de las ayudas para dotar de equipamiento a las agrupaciones de voluntarios y voluntarias de Protección Civil, pasando de 350.000 a 450.000 euros; y el incremento de la oferta formativa de la Escuela de Protección Ciudadana y la formación de más de 200 nuevos policías locales.
Además, el presupuesto de la Consejería va a disponer en el próximo ejercicio de 4,3 millones de euros para financiar, junto con el Ministerio del Interior, la organización de las próximas elecciones autonómicas.
Finalmente, Ruiz Molina ha mostrado su satisfacción por poder tramitar el correspondiente presupuesto “en tiempo y forma” y ha dicho que es “la mejor manifestación de la estabilidad política de la que gozamos en la región”.
Aprobado el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas
Por otra parte, el consejero ha recordado que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, que asciende a 12.438 millones de euros, con un incremento del 1,3 por ciento y 158,1 millones más que el de 2022, tiene como prioridades promover la actividad económica para generar riqueza y empleo, la protección de las familias y los sectores más vulnerables, continuar reforzando los servicios públicos fundamentales, promover un crecimiento económico sostenible, acelerar la transformación digital, hacer frente al reto demográfico y cumplir el compromiso con la responsabilidad fiscal.
Asimismo, ha subrayado que estos presupuestos, que “gozan de la aprobación de los agentes sociales y económicos” y son fruto del diálogo social, “no solo mantienen congelada la presión fiscal, sino que ésta se reduce porque a las deducciones fiscales aprobadas el año pasado se suman las incluidas en la Ley de Acompañamiento”, que afectan fundamentalmente al IRPF, con el objetivo de compensar el aumento de los precios por la inflación, cumpliendo así el compromiso que adquirió el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región.
