Txema Fernández ha analizado la evolución entre las Comunidades Autónomas que cuentan con más superficie de olivar evidenciando que, entre 2019 y 2020, “es en Castilla-La Mancha donde más ha crecido el olivar de riego, con 67.990 hectáreas frente a las 61.652 de 2019, lo que supone un aumento del 10,28%”. De hecho, el olivar es el cultivo con más superficie regada en España ya que su extensión alcanzaba las 852.229 hectáreas en 2020, tal y como acredita la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este cultivo superintensivo de olivos en regadío se está extendiendo con rapidez y genera una modalidad productiva que provoca “altos requerimientos de riego” y que muestra la progresión de “un cultivo de secano que se está transformado en un cultivo de regadío, que requiere de un importante uso de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad”, y que además “sitúa al olivar al servicio de los intereses del capital global”.
No en vano, Castilla-La Mancha es una región eminentemente seca cuyo régimen pluvial garantiza, de entrada, el acceso al agua pero que “debe gestionar periodos de sequía con planes específicos”. Proyectos, asegura Txema Fernández, que “siguen sin aprobarse” en una región que requiere un “consumo ordenado, eficaz, sostenible y garante del suministro de este derecho humano a la ciudadanía y al desarrollo de esta tierra”.
“La gestión del agua debe estar en manos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, no en la de Agricultura”
El Gobierno de Castilla-La Mancha debe abordar “un cambio en el modelo productivo agrícola que actualmente propicia un uso irracional del agua -que complicará los abastecimientos humanos-, y que permite ser utilizada sólo por quienes pueden pagarlo”. Sucede, asegura el responsable regional de Política Institucional de Izquierda Unida, porque se trata el agua como “una materia prima dentro del sistema de desarrollo económico capitalista en el que solo tiene acceso el que puede pagar”. De ahí que reclame “un Gobierno que considere el agua como lo que es, un derecho humano esencial para la vida y no un instrumento mercantilista de un modelo de desarrollo que resulta ineficaz en una región eminentemente seca”.
En este sentido, destaca Fernández la contradicción existente en una región “donde la gestión del agua está en manos de la Consejería de Agricultura y no en la de Desarrollo Sostenible”, lo que “puede producir un déficit hídrico importante que va a supeditar el modelo de desarrollo agrícola al de las necesidades del agua para la mejora de las políticas de sostenibilidad”.
Con este modelo de producción agrícola, recuerda, “se vació el acuífero 23 de las Tablas de Daimiel que hoy está rellenándose con un trasvase, a través de una tubería, que garantice la cantidad hídrica necesaria para la recuperación de la biodiversidad del citado acuífero, así como de las producciones agrícolas asociadas a él”.
