Los GOMIX (Grupos Operativos Mixtos) en la provincia de Ciudad Real, en la que actúan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social junto con Policía Nacional y Guardia Civil, son los encargados de luchar contra el empleo irregular y/o los fraudes a la Seguridad Social y velar por los derechos de los trabajadores.
El origen de estos Grupos Operativos Mixtos se remonta al año 2013, cuando se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para coordinar las actuaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para materializar dicho convenio en la provincia de Ciudad Real, el 7 de junio de 2013, se firmó en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real el Acta de Constitución de la Comisión de Colaboración entre todos ellos, para entre otros cometidos, luchar en ese ámbito contra la constitución de empresas ficticias, la simulación de relaciones laborales en empresas reales, el empleo de extranjeros sin permiso de residencia y trabajo, el tráfico y trata de personas para su explotación laboral, el fraude en obligaciones y prestaciones en Seguridad Social y cualesquiera otros asuntos que precisen del auxilio y colaboración de los funcionarios adscritos al sistema de inspección.
En el marco de este Convenio se constituyó una Comisión para el análisis de la colaboración y resultados de las actuaciones, que viene complementar la labor y actuaciones operativas de los miembros que conforman dichos Grupos Operativos en su labor diaria en la provincia de Ciudad Real.
Operaciones relevantes
Fruto de las inspecciones y demás actividades de indagación y comprobación que desarrollan estos Grupos mixtos, en ocasiones se han detectado algunas conductas delictivas de explotación, vulneración de derechos y abusos sobre los trabajadores del campo; tal como recientemente se cerró una operación policial en la localidad de Bolaños de Calatrava, mediante la que se consiguió desarticular un entramado criminal dedicado a la explotación laboral de inmigrantes.
Dicho entramado, bajo la figura de una empresa de servicios ofrecía a sus clientes mano de obra especializada, principalmente en la realización de labores agrícolas, la cual aseguraba a los agricultores interesados en contratar mano de obra, que se cumplían con todos los requisitos legales para la realización de las actividades ofrecidas, si bien, tras el proceso de investigación se detectó que no era así, pues esta empresa no había comunicado las altas a la Seguridad Social de estas personas ni se habían realizado contratos de trabajo entre trabajadores y empresa. Con estas prácticas ilegales el entramado criminal obtenía un elevado beneficio económico al cobrar por unos servicios que se ofertaban como regularizados, cuando en su prestación no se cumplían con los requisitos legales establecidos.
Las condiciones laborales impuestas a los trabajadores infringían las disposiciones legales vigentes en España y restringían gravemente los derechos de los trabajadores. Estos empleados tenían que trabajar de lunes a domingo sin días de descanso, con jornadas diarias de 12 horas;
Inicialmente los trabajadores percibían salarios inferiores a los reconocidos por el convenio de los trabajadores del sector para, después de unos meses, dejar de percibir salario alguno, adeudando el principal autor de los hechos a cada trabajador cantidades de 1500 a 2000 euros. Además, el líder de este grupo criminal alojaba en viviendas de su propiedad a los trabajadores, cobrando a varios de ellos hasta 400 euros por gestionarles el empadronamiento en estos domicilios y tramitarles la tarjeta sanitaria, sin que les llegase a realizar trámite alguno, con el consiguiente perjuicio económico a estos trabajadores.
Como culminación de la operación policial, mediante un dispositivo policial conjunto se llevó a cabo dos entradas y registros en sendos domicilios de Bolaños de Calatrava y se practicó la detención de los 5 individuos investigados. En los registros domiciliarios se intervino dinero en efectivo, 4 teléfonos móviles, 1 ordenador portátil,
1 disco duro y numerosa documentación en papel, así como un vehículo propiedad del líder de la organización.
En los hechos narrados han participado agentes del Grupo de Información de la Guardia Civil de Ciudad Real en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Ciudad Real y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como unidades de Seguridad Ciudadana de Guardia Civil de Ciudad Real y su Servicio Cinológico.
También a lo largo del año 2022, tras una inspección realizada en una finca agrícola en Cinco Casas (pedanía de Alcázar de San Juan), se detectó a 9 personas extranjeras en situación irregular sin autorización de trabajo, realizando labores de desbroce en una plantación de ajo. Dichas personas estaban desarrollando su actividad laboral para una mercantil, cuyo titular es uno de los cinco individuos detenidos. Esta empresa no había comunicado las altas a la Seguridad Social de estas personas ni se había realizado contrato de trabajo entre trabajadores y empresa. En total han sido identificados 15 personas víctimas de explotación laboral.
