Juan Ramón ha mantenido una reunión con el colectivo en Albacete en la que, entre otras cuestiones, ha abordado la propuesta de Izquierda Unida Castilla-La Mancha centrada en la necesidad de adoptar un nuevo modelo de organización social del cuidado en Castilla-La Mancha e impulsar un sistema de residencias de mayores público, universal y de calidad “donde la transparencia y las inspecciones sean indispensables, además de que se dignifique el trabajo de cuidados para que así se pueda garantizar una atención digna a las personas mayores».
En este sentido, el coordinador regional de la formación insiste en exigir a las Cortes regionales la tramitación del debate “solicitado de urgencia, el verano de 2020, una vez que la Comisión de Peticiones de las Cortes” aprobara las dos Proposiciones No de Ley presentadas por Izquierda Unida Castilla-La Mancha.
“Creemos que la opinión pública merece saber qué oscuro motivo existe para que ningún partido, ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos, quiera abrir este debate, como tampoco ninguno quiso crear una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia”, manifiesta Juan Ramón Crespo.
Ante ello “continuaremos reuniéndonos con asociaciones y colectivos de mayores para trasladarles nuestra inquietud y exigiendo al Gobierno regional los cambios necesarios para solucionar las enormes deficiencias que vivimos durante la pasada crisis sanitaria”. Razón por la que desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha “seguimos exigiendo que se constituya un sistema de residencias de gestión directa, que es el único que asegura una prestación del servicio en condiciones dignas y unos servicios adaptados a las necesidades de las personas”.
No en vano, aprecia el responsable regional de la formación, «en los últimos años se ha producido un proceso de privatización de este sector, con el crecimiento de grandes empresas y fondos de inversión”. Lo que supone que “muchas de las residencias financiadas con dinero público son gestionadas por estas entidades privadas que han visto en España un gran nicho de negocio”.
Los representantes del colectivo ‘Albacete en Defensa de las Pensiones Públicas’ han coincidido en señalar la necesidad de que las residencias de mayores sean gestionadas directamente desde las Administraciones Públicas, y así lo han trasladado en dos ocasiones a la Consejería de Bienestar Social, sin que hasta el momento haya sido atendida su petición.
Su portavoz, Enrique García, ha mostrado su acuerdo con el cambio de modelo en Castilla-La Mancha para adaptarse a las directrices marcadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinadas a impulsar un nuevo sistema más humanizado a través del cumplimiento de “líneas básicas llamadas a garantizar situaciones más dignas para los usuarios de estos centros”, relacionadas con las ratios de plantilla y con las características técnicas y físicas de los centros.
Se trata, recuerda, de “mejorar infraestructuras para convertirlas en centros garantes del óptimo bienestar de los mayores y personas con discapacidad” apostando, en los centros de nueva construcción, por limitar a 90 el número de plazas y por incluir una ratio de 0,35 trabajadores en residencias de mayores, y 0,42 en residencias con personas con discapacidad en el año 2023.
Por su parte, Esteban Ortiz destaca la importancia de potenciar la ayuda a domicilio y todos aquellos servicios que favorezcan la permanencia de las personas mayores en sus domicilios y en su entorno, como el mejor de los sistemas, y que es el más demandado.
De ahí que desde Izquierda Unida esperan que la preocupación de los partidos políticos en la Comisión de Peticiones sobre estos dos temas se traduzca en “un debate urgente y unas soluciones para mejorar la vida de muchas personas en Castilla-La Mancha”.
