La secretaria de Educación de la Ejecutiva provincial del PSOE, Irene Ruíz, y la Senadora socialista, Carmen Mínguez, afirman que “la modernización y flexibilización de la Formación Profesional, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha quedado patente con la aprobación de la nueva Ley de Ordenación e Integración de la FP”.
Considera el PSOE que “invertir en educación, es invertir en el futuro y desarrollo de nuestros ciudadanos” y por ello el Gobierno socialista trabaja concienzudamente para mejorar y avanzar en numerosos aspectos.
Este mes de mayo, en Consejo de Ministros, se aprobó la distribución a las Comunidades Autónomas, de más de 1.200 millones de euros, de los que casi 400 millones son para modernizar la Formación Profesional.
Recuerda Irene Ruíz que el número de jóvenes que se han matriculado en estas enseñanzas se ha incrementado un 20%; más de 1 millón de personas cursan FP en España, y en los grados medios se está alcanzando más del 80% de empleabilidad. “Como consecuencia, el gobierno de Pedro Sánchez destinará más de 5.500 millones a la FP; para seguir impulsando estas enseñanzas e incrementar las plazas”.
Indica que en lo que respecta a Castilla-La Mancha, la FP se vio incrementada en un 9% más en los presupuestos, 3,1 millones más, que han hecho posible que si en 2015 había 777 ciclos formativos, se haya pasado en 2022 a tener 979 ciclos, y 12.000 alumnos más.
Señala que concretamente, en la provincia de Ciudad Real tendremos, para este nuevo curso 2022/2023, 7 ciclos de grado superior, 1 ciclo de grado medio y uno a distancia.
Tanto Irene Ruiz como Carmen Mínguez, comentan que con la nueva Ley se integran los sistemas de la FP educativa y para el empleo, implicando a las empresas en la formación; por otro lado, la nueva FP ofrecerá, tanto a estudiantes como a trabajadores, programar itinerarios formativos en función de sus expectativas y necesidades.
Pero sin duda, uno de los aspectos más importantes, como explica la Senadora Carmen Mínguez, es que la nueva FP facilita la acreditación de competencias profesionales. Hay que tener en cuenta, explica Mínguez, que el 46% de la población activa, no tiene acreditación, “son más de 10 millones de personas, y ello debe ser resuelto, porque dificulta su acceso a mejores empleos y condiciones laborales, y a un itinerario formativo adecuado”.
Si en los últimos 10 años, con el procedimiento anterior a la nueva ley de Ordenación e integración de la FP, solamente 300.000 personas han podido acreditar sus competencias, el objetivo del Gobierno es que solamente este 2022, 750.000 trabajadores puedan acreditar sus competencias profesionales, y que sean 3 millones de personas las que las pueden acreditar hasta 2023.
Para ello, indica la parlamentaria socialista, es necesario aumentar las plazas de FP, pues “está previsto que en 2025 el 50% de los empleos necesitarán formación asociada a este sistema de estudios”.
Así, Castilla La Mancha recibirá para la modernización de la FP casi 13 millones de euros. Y casi 850 millones para la formación de trabajadores empleados y desempleados, para certificados de profesionalidad. En total, la región recibirá más de 44 millones de euros.
“Todo lo anterior es una muestra de la prioridad que el gobierno da a la FP y un ejemplo de cómo poner recursos y hacer política al servicio de los ciudadanos”, afirma Carmen Mínguez.
Agenda reformista que da sus frutos
Concluyen ambas dirigentes socialistas que “las reformas, y el trabajo del gobierno está dando sus frutos”, así se comprueba en la cifra de trabajadores, que a mediados de mayo se sitúa en 20,27 millones de personas.
“Tenemos un nivel de empleo que supera en 550.000 personas el que teníamos en febrero de 2020, y hay casi 200.000 ocupados más que al inicio del año 2022, impulsados por la creación de empleo en el sector privado. Además el 78% de los afiliados a la Seguridad Social en este mes tienen contrato indefinido, lo que supone siete puntos más del promedio registrado en los meses de mayo de los seis años anteriores”.
Aplauden para terminar que los efectos de la reforma laboral se aprecian en que “los contratos de más de 30 días o sin finalizar son casi 300.000 más que de lo habitual a estas alturas del año. Mientras, los contratos a un día se han reducido en casi 600.000 respecto al promedio de los años previos a la pandemia”.
