En una palabra: flexibilidad. Tanto en las políticas públicas como en los reglamentos comunitarios y en aquellas cuestiones que tienen que ver con el suministro de cereales. Es lo que ha planteado hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar la situación que atraviesa el sector agroalimentario por la guerra de Rusia contra Ucrania.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha manifestado esta tarde de manera previa a la reunión presencial de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se ha mantenido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este sentido, ha precisado que el de hoy es un encuentro importante y desde Castilla-La Mancha se espera que se avance en estas cuestiones fundamentales para el conjunto del sector agroalimentario del país y del de Castilla-La Mancha.
De esta forma, ha planteado una serie de cuestiones hoy ante el ministro de Agricultura y el resto de comunidades autónomas como demandas del sector que el Gobierno regional ha trasladado y que son las que nacen de la interlocución permanente que se mantiene con las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de aumentar la superficie de girasol en estos momentos y también la de los cereales de invierno que se plantan en otoño, para lo cual habría que flexibilizar la obligación de dejar una parte de la superficie agrícola en barbecho, en la PAC actual y en la PAC futura, en un momento relevante para la elaboración de piensos.
Además, ha pedido que se flexibilicen los contingentes arancelarios para que lleguen materias primas, sobre todo cereales, de países terceros, con el fin de abaratar la elaboración de los piensos de los que se suministran los ganaderos y dar así una mayor garantía.
También, ha solicitado la flexibilidad en la aplicación de ciertos criterios del Programa de Desarrollo Rural en todas las líneas que suponen una inversión por parte de particulares, ganaderos, agricultores o las propias cooperativas, para que no se tengan que cumplir algunos requisitos que se están viendo lastrados por los costes en la inversión, como en el caso de la reestructuración de viñedo o en las mejoras que se realizan en las almazaras.
El consejero de Agricultura ha trasladado, también, la posibilidad de la movilidad de recursos entre unas líneas y otras del Programa de Desarrollo Rural. En este sentido, ha planteado que se ponga sobre la mesa una ayuda directa a tanto alzado para los agricultores y ganaderos en los programas de desarrollo rural en los que hubiera posibilidad y recursos disponibles, como ya se hizo como consecuencia de la pandemia, lo que permitió que los beneficiarios recibieran 7.000 euros de ayudas directas, y serviría, ha dicho, para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
