El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto del régimen administrativo del juego en Castilla-La Mancha, es decir, el reglamento que va a desarrollar los principales preceptos de la nueva Ley del Juego. Ambas normas entrarán en vigor el 30 de enero, con el fin principal de “garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región para que esta actividad sea moderada y responsable”, a la vez que compatible con la protección de las personas usuarias y, muy especialmente, de los colectivos más sensibles.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha informado en rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno relacionados con este departamento, ha explicado que este decreto pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables, como los menores de edad o personas con problemas de ludopatía, con el desarrollo de esta actividad económica.
Ruiz Molina ha destacado las novedades que recoge este instrumento normativo con respecto al actual desarrollo reglamentario del sector. La primera, ha indicado, es la prohibición en general de la publicidad, así como las promociones tales como obsequios, regalos consumiciones gratuitas o por precio inferior al de mercado, con unas excepciones muy tasadas, como la realizada en el interior de los propios locales de juego, aquélla que se inserta en publicaciones específicas dirigidas al sector o las de patrocinio. En cualquier caso, ha matizado que para la publicidad que está permitida se necesitará autorización administrativa.
La segunda novedad, ha continuado el consejero, es el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas establecidas en la Ley entre este tipo de instalaciones y los centros de enseñanza. En este contexto, ha recordado que se estipula una distancia mínima de 150 metros entre locales de juego y de 300 metros respecto a centros educativos, salvo donde se imparta exclusivamente educación infantil o primaria.
No obstante, la limitación en cuanto a las distancias no afecta a los establecimientos que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación. En este sentido, se establece un régimen transitorio, pero, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2028 se han de cumplir los requisitos de ubicación de todos los locales que estén en funcionamiento en la región.
Sistemas de control de acceso a los locales de juego
Asimismo, se fijan las condiciones que deben reunir los sistemas de control de acceso a los locales, de forma que cada una de las entradas de las que disponga el establecimiento cuente con un sistema automatizado destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido y que estará conectado en todo momento con el Registro de Interdicción de Acceso al Juego de esta comunidad autónoma.
La cuarta novedad está relacionada con la anterior y es que el decreto también incluye las modificaciones exigidas en la nueva Ley para el más correcto funcionamiento del Registro General de Juegos, en lo que respecta a una regulación más detallada del Registro de Interdicción o de prohibidos, con la finalidad de reforzar la protección a los ciudadanos que piden voluntariamente que se les impida acceder a este tipo de establecimientos.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma que ha suscrito un convenio con el Ministerio de Hacienda para automatizar la interconexión de nuestro registro de interdicción con el del Estado, permitiendo que a todas aquellas personas que lo soliciten se les pueda prohibir la entrada a estos locales, no sólo en nuestra región, sino a nivel nacional.
Otra de las novedades es que se establece un horario fijo para la apertura y cierre de los establecimientos de juego: de 9 de la mañana a 2 de la madrugada, ampliándose hasta las 3 los viernes, sábados y vísperas de festivos.
Comisión del Juego de Castilla-La Mancha y Observatorio del Juego Responsable
Finalmente, se potencian las políticas de juego responsable. Para ello, ha señalado Ruiz Molina, “el decreto regula la composición y el funcionamiento de dos importantes órganos”. El primero es la Comisión del Juego de Castilla-la Mancha, que se define como un órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento de las actividades relacionadas con el juego en la comunidad autónoma, adscrito a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre sus competencias estarán emitir, con carácter preceptivo, dictámenes sobre anteproyectos de ley y proyectos de decreto en la materia, elaborar dictámenes e informes, resolver consultas y promover la coordinación de las actuaciones relacionadas con el juego desarrolladas por la Administración regional.
En segundo lugar, está el Observatorio del Juego Responsable, que se configura como un órgano permanente de la Comisión del Juego de Castilla-La Mancha, “con el fin de proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la prevención y buenas prácticas del juego”, ha precisado el consejero. Entre sus funciones estarán promover y elaborar estudios e informes que analicen el impacto del juego en la sociedad y fomentar actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego, además de realizar campañas preventivas y educativas en colaboración con otras administraciones públicas y organismos públicos o privados.
Devolución del IVA de 2017
Por otra parte, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aceptado la medida prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 para compensar a Castilla-La Mancha en relación al pago del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017 y, en consecuencia, ha asumido el compromiso de realizar todas las actuaciones procesales conducentes a la terminación del procedimiento judicial en curso que se sigue en la Audiencia Nacional, como consecuencia del recurso que se interpuso para reclamar al Gobierno de España la citada mensualidad más los intereses de demora.
El Ejecutivo autonómico ha adoptado estos acuerdos tras conocer la cuantía que el Estado está dispuesto a abonar a Castilla La Mancha, que asciende a 136,6 millones de euros. “Una cantidad que se nos adeudaba por una decisión adoptada en 2016 por el entonces Gobierno de Rajoy de modificar el reglamento de este impuesto y que supuso que esa mensualidad fuera restada a las comunidades autónomas de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2019, generando un evidente perjuicio a las cuentas regionales”, ha especificado Ruiz Molina.
El consejero también ha incidido en que a esta cuantía hay que sumar los intereses de demora, cifrados en siete millones de euros conforme a las estimaciones hechas por los técnicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Por tanto, ha concluido, “la cifra que finalmente va a obtener Castilla-La Mancha asciende a 143 millones de euros”.
