Los Colegios de Abogados, encabezados por el Consejo General de la Abogacía Española reclamaron el pasado viernes en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar la sostenibilidad del sistema, ampliando las actuaciones cubiertas y mejorando la retribución de los 45.000 abogados y abogadas que ejercen el turno de oficio.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en la inauguración de la jornada “El futuro de la Justicia Gratuita” en el Congreso de los Diputados, afirmó que es necesaria una reforma para “adaptarse a las necesidades de la sociedad”
Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, defendió la “responsabilidad de los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española en la ordenación del servicio” y afirmó que es necesario cambiar la ley para garantizar que el sistema sea “equilibrado y sostenible”: “Para mantener el sistema el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos que cualquier ciudadano que tenga que ir a juicio porque el Estado así lo ha previsto en sus leyes va a tener una asistencia satisfactoria”. “Si las leyes procesales establecen la obligatoriedad de la abogacía, ¿qué pasa cuando los abogados tienen que prestar servicios y no hay un reconocimiento posterior de justicia gratuita? Hay que compensar, aunque sea mínimamente, ese esfuerzo profesional que se realiza”, reclamó.
Morán pidió que una futura ley introduzca criterios para garantizar que haya una homogeneidad entre todas las comunidades autónomas, porque actualmente hay diferencias entre unas y otras tanto en los servicios cubiertos por la justicia gratuita como en la retribución de los abogados.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidente del CGAE, Jose María Alonso, pidió que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita: “Desde el mismo momento en que un juez requiere la intervención de un abogado al Colegio el abogado tiene derecho a ser compensado, tienen que generarse automáticamente sus honorarios. Ningún abogado ni abogada debe trabajar gratis”. Y detalló una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están contemplados por la asistencia jurídica gratuita, como la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas vía administrativa.
Alonso pidió además que se actualicen los criterios para la retribución de los profesionales, que calificó de “vergonzosa” (la media que un abogado de oficio cobra por asunto es de 153,14 euros, según el último Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española).
