El Nobel cuestionado

Hace unas semanas volvió a ser titular de los medios de comunicación, la concesión del premio Nobel de la paz al presidente de la República de Colombia, en 2016, por el proceso de paz acordado con la guerrilla de las FARC. A Juan Manuel Santos se le critica ahora por haber precipitado este proceso de paz —para algunos, fallido—, con el fin de conseguir tan prestigiado premio.

Pero hay que tener en cuenta que este año 2022 hay elecciones a la Presidencia de la República y los procesos electorales suelen enturbiar un poco más la política que se vive, tan apasionadamente, en Colombia. Y esta cuestión puede ser parte de esa campaña electoral.

Los premios Nobel de la paz, han sido cuestionados en muchas ocasiones. A veces porque se conceden a líderes militares que intervienen en conflictos bélicos permanentes, como ocurre con el árabe-israelí y los premiados Anwar al Sadat, Menajem Beguin, Simon Peres, Yasir Arafat o Isaac Rabín. En ocasiones se concede preventivamente —para disuadir al galardonado de actuar belicosamente—, como ocurrió cuando, al principio de su mandato, se le concedió a Barack Obama. Y, en otros casos, se otorga por motivos que poco tienen que ver con la paz, como el asignado a Al Gore, por el cambio climático, o al promotor de los microcréditos, Muhammad Yunus.

En el caso colombiano, el proceso de paz con la guerrilla, quizás no fuera el mejor acuerdo posible pero, según expertos internacionales, fue razonablemente bueno para la pacificación del país. El objetivo principal era acabar con una lucha de más de cincuenta años que causó —según el Centro de Memoria Histórica colombiano—, más de 220.000 muertos. Este acuerdo lo rechazó el pueblo colombiano en un referéndum por un estrecho margen, aunque después se modificó para incluir algunas propuestas de la oposición y fue ratificado por el parlamento nacional.

El proceso de implementación de estos acuerdos, según el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación del proceso de paz, Emilio Archila, a día de hoy, se ha cumplido en gran parte. Se ha desmovilizado la totalidad de los guerrilleros de las FARC que, además, han entregado sus armas. Y, asimismo, se les ha facilitado su participación en política. Sin embargo, algunos observadores denuncian que estos son los únicos puntos de los acuerdos que se están aplicando, quedando pendiente la parte más social, como la reforma rural integral. Aunque reconocen que se han concedido a los campesinos más de un millón de hectáreas en cinco años, de las más de tres millones previstas para los quince años que durará este proceso.    

Hoy gobiernan en aquel país andino quienes, entonces, se opusieron al proceso de paz, lo que no les ha impedido aplicarlo. Ellos consideran que estos acuerdos —aunque no les gustan—, son útiles para una sociedad que no admite la vuelta a la situación anterior, de fuego y plomo, en la que se vivía antes del pacto. Pero hay una parte más política en ellos, que será difícil de aplicar por algunas fuerzas políticas como aquellas a las que pertenecen los actuales gobernantes.

Recuerdo que en los años en los que se estaban gestando estos acuerdos, participé en varias misiones para la implementación de programas de la Unión Europea sobre cohesión social en diversos países iberoamericanos. Por este motivo, entre 2013 y 2015, visité en tres ocasiones Colombia y tuve la oportunidad de conocer algunas de sus ciudades, a sus gentes y los problemas que más les preocupaban entonces.

La opinión pública colombiana estaba dividida sobre cómo combatir a la guerrilla. Unos —encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe— querían mayor represión; y otros —como el presidente Santos— pretendían hacerlo mediante el pacto.

Conocí a una fiscal, Marcia, que estuvo secuestrada por las FARC. Ella había normalizado la violencia en su vida cotidiana. Vivía en un edificio convertido en un bunker que disponía de guardias de seguridad privada armados hasta los dientes, con un rigoroso control de accesos para personas y vehículos, con hábitos personales muy estrictos, utilizando vehículos blindados y, entre otros, tenía un sistema de barreras arquitectónicas que dificultaba su accesibilidad. Ella insistía en que había que terminar con esa situación. Por eso veía bien el nuevo acuerdo, aunque hubiera preferido que se incluyera también a otros grupos guerrilleros y paramilitares.

Con estos acuerdos se instauró una jurisdicción especial y con penas diferenciadas, pero la justicia aplicable tenía que permitir el resarcimiento a la sociedad por los daños que le hubieran causado estos grupos, aunque también había que favorecer la reintegración de sus miembros a la sociedad.

Hoy, pese a las carencias que pueda tener este plan de paz y a las dificultades que se encuentran para aplicarlo, creo que se debe valorar positivamente porque, como diría Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno. Por todo ello, el premio Nobel concedido a Juan Manuel Santos, es, seguramente, más que merecido.

Manuel Fuentes Muñoz
En otoño