La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la mayoría socialistas bastará para sacar adelante este jueves en las Cortes regionales la moratoria a la implantación de macrogranjas en la región, al tiempo que ha avanzado el rechazo a la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que propone el PP, y que considera «frívola».
«Hay que respetar siempre a las instituciones y a las personas. No utilizaremos la mayoría para hacer espectáculos», ha avanzado Fernández, que ha arremetido contra el líder del PP en Castilla-La Mancha, tras dar cuenta en rueda de prensa de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana.
Y es que Fernández ha tildado de «curioso» que Núñez, que ha sido el «azote» de este tipo de explotaciones, promueva ahora la reprobación del ministro de Consumo y se oponga a la moratoria con la que el Gobierno regional aspira a ordenar el sector de la ganadería intensiva para que sea sostenible, respetuoso con el medio ambiente y acabar con los «conflicto todas y todos sabemos que se s han producido en últimos años».
«El señor Núñez, en primera persona, siempre se ha mostrado contrario a las macrogranjas, protagonizando vídeos, respaldando manifestaciones, promoviendo mociones en ayuntamiento y diputaciones, e incluso prohibiéndolas en su pueblo cuando era alcalde. Por no hablar de los mensajes alarmistas en redes sociales que ahora borran. Pero ahora el viento cambia y la posición de Núñez también. Antes pedía medidas o una moratoria que pusiera en orden el sector y ahora dice que votará en contra», le ha reprochado.
LA FRIVOLIDAD DE NÚÑEZ
Dicho esto, ha señalado que al Gobierno regional le parece «grave» la «frivolidad» que supone presentar en las Cortes de Castilla-La Mancha la reprobación y la solicitud de dimisión del ministro Garzón. «Hay que respetar siempre a las instituciones y a las personas. Pero es que se propone reprobar a Garzón por decir lo mismo que Núñez lleva diciendo años con pancarta en mano a la cabeza de la manifestación».
«Si el señor Garzón se merece una reprobación, en la misma medida la merecería el señor Núñez. Pero no será reprobado porque el PSOE, pese a tener mayoría absoluta, podría estar reprobando personas en las Cortes todos los días, pero no lo va a hacer en este caso ni lo va a hacer nunca. Respetamos a la instituciones y a las personas. No usaremos la mayoría para hacer espectáculo», ha asegurado.
La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha proseguido argumentando que no se sumarán a la reprobación de Garzón, «igual que no reprobaron al señor Villa, tras ser condenado por usar mal dinero público, ni a Núñez por cambiar de posición, o a Cospedal».
«Este jueves Núñez no quedará reprobado pero si quedará retratado por sus incoherencias, sus mentiras y su oportunismo político que no contribuye a nada, pero sí contribuye al ruido en Castilla-La Mancha», ha condenado.
ORDENAR EL SECTOR
Preguntada por lo medios, la portavoz del Ejecutivo ha explicado que el PSOE, al tener mayoría en el Parlamento regional, no precisa de los votos de los ‘populares’ para sacar adelante esa moratoria, incluida como enmienda a la Ley de medidas de acompañamiento a los presupuestos, pero sí ha precisado que su beneplácito «sí sería lo coherente».
«El PP no solo ha prohibido las macrogranjas en Almansa, que aprobó Núñez siendo alcalde. Ayer entro en vigor el acuerdo aprobado por unanimidad en Daimiel, gobernado por el PP, para cambiar el POM y evitar la ubicación de este tipo de explotaciones ganaderas en su término municipal, pero el PP insto dos mociones en la Diputación de Guadalajara y en la de Ciudad Real hace un año, pidiendo una medida similar. ¿Ahora qué pasa, que como lo ha dicho Garzón ya tenemos que estar en contra de lo que dice Garzón?», se ha preguntado.
No obstante, la portavoz del Ejecutivo regional ha concluido incidiendo en la necesidad de ordenar el sector y poner sentido común. «Nosotros no compartimos lo que ha dicho Garzón, no hay que demonizar a ningún sector, pero hay que abordar los problemas y nuestra posición pasa por una moratoria hasta 2024 para poner orden desde el consenso, con el objetivo de la sostebinibilidad».
