A lo largo de la historia de la Humanidad, el agua ha sido un recurso condicionante para el desarrollo. Nadie duda que el progresivo aumento de la demanda de los recursos hídricos obliga a un cambio radical en su gestión como pieza clave para garantizar la supervivencia de las próximas generaciones. En España, al igual que ocurre en otros muchos países, es motivo de conflicto de intereses: baste recordar la controversia sobre el agua recurrente en todos los debates sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía.
La gestión actual de los recursos hídricos requiere conjugar factores muy complejos: la tendencia creciente de las demandas, el cambio climático, la obligación de conservar el buen estado ecológico de las masas de agua, una mayor participación pública y el establecimiento de criterios de sostenibilidad, socioeconómicos y medio ambientales. No valen, a estas alturas, modelos desarrollistas e insostenibles ni planteamientos neo-coloniales para justificar que el agua que no sobra en un territorio sirva para el desarrollo de otro, como viene sucediendo en Castilla-La Mancha con el trasvase Tajo-Segura.
Celebramos hoy el Día Mundial del Agua bajo el lema “Compartiendo el agua, compartiendo oportunidades”. Fueron las Naciones Unidas las que instituyeron esta conmemoración a finales de 1992. Quiso la Asamblea General de la ONU que el mundo fuera consciente de la importancia del agua como recurso para el desarrollo económico y el bienestar social; que la apreciáramos como un bien escaso, que lo será cada vez más por el aumento de la población; y que fuéramos conscientes de la necesidad de su conservación y ordenación sostenible.
En aquella resolución, la ONU recomienda al final “que la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en la ejecución de su mandato, asigne prioridad a la aplicación del capítulo 18 del Programa 21” (más conocido como Agenda 21) lo que representa avance significativo en las políticas sobre agua y desarrollo sostenible.
En uno de sus puntos nos recuerda que “generalmente no se aprecia la medida en que el aprovechamiento de los recursos hídricos contribuye a la productividad económica y el bienestar social, aunque todas las actividades sociales y económicas descansan en grado sumo sobre el suministro y la calidad del agua potable.” Los castellano-manchegos lo sabemos bien porque hemos sufrido la injusticia histórica de no poder disponer, de forma preferente, del agua de nuestros ríos en una tierra, La Mancha, seca, como subraya su etimología.
En Castilla-La Mancha, hablar de agua es referirse al trasvase Tajo-Segura y, por ende, al debate sobre la reforma del Estatuto. No viene mal recordar los hechos: durante estos últimos treinta años, se han trasvasado, prácticamente, 10.000 hectómetros cúbicos de agua a través del Trasvase Tajo-Segura. Hoy, con los desafíos del siglo XXI en la gestión del agua y atendiendo a la Directiva Marco del Agua (CE/2000/60), no habría sido construido. Son 300 km de infraestructura hidráulica, que conecta varias cuencas hidrográficas (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura), impuesta en la dictadura, en detrimento de Castilla-La Mancha y que no ha resuelto los problemas de los territorios receptores.
Socialmente, políticamente, económicamente y ambientalmente, el trasvase es insostenible e intolerable, por muchas manifestaciones que se organicen en su defensa. Baste un ejemplo: no se han ejecutado en España nuevos trasvases de esta envergadura.
La propuesta de reforma del Estatuto que, habrá que recordarlo una vez más, contó con la unanimidad de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento regional, está en un callejón sin salida porque los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha han sido incapaces de hacer valer nuestros argumentos sobre el agua ante sus correligionarios del Levante. El discurso del PP regional es ya insostenible: o está con Castilla-La Mancha y con los intereses y los derechos de sus gentes, o está con sus propios intereses electorales al servicio de lo que le exigen sus correligionarios de Murcia y Valencia. No es admisible que no quieran para Castilla-La Mancha lo que sí contó con su voto favorable en la reforma de los estatutos de Aragón o Andalucía: que dispongamos de agua suficiente para nuestro desarrollo futuro.
Nosotros queremos y defendemos un Estatuto construido desde el consenso. Queremos que la mayoría que gestó el Estatuto aquí se mantenga en las Cortes de España. Pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos sobre el agua del Tajo-Segura. Hasta ahora, el lema de este día, “Compartiendo el agua, compartiendo oportunidades”, ha significado para nosotros que el agua necesaria en Castilla-La Mancha partía por el trasvase hacia el Levante, y con ella nuestras oportunidades. Cuando algunos proclaman que el agua es de todos se olvidan de incluir en ese “todos” a los castellano-manchegos. Lo mismo que olvidan reconocer que la solidaridad de Castilla-La Mancha ha quedado más que demostrada.
Como proclamó el Presidente Barreda en el pleno del Congreso para la toma en consideración de la reforma de nuestro Estatuto, no queremos un Estatuto que enfrente a nuestra región con otras. Pero tampoco podemos aceptar que los intereses de Castilla-La Mancha no se vean reconocidos. “Antes de permitir que se apruebe un estatuto devaluado, pediré a las Cortes de Castilla-La Mancha que lo retiren; desde luego, se lo plantearé a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, y seguiremos luchando”, dijo.
Todavía estamos a tiempo, sólo hace falta que el PP regional y su presidenta mantengan en las Cortes de España la palabra que han empeñado ante los castellano-manchegos.
