El Consejo de Gobierno aprobó ayer en su reunión semanal la resolución por la que se convocan más de 6,7 millones de euros en subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022.
De ello ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, quien ha destacado que se trata de “una potente muestra de colaboración institucional entre ayuntamientos, diputaciones y Junta de Comunidades que permite mantener una de las redes públicas más importantes de nuestro país conformada por diferentes centros y servicios” destinados a apoyo residencial, integración sociolaboral, apoyo a la autonomía personal y atención temprana.
De esta convocatoria, de casi siete millones de euros, se beneficiarán 1.300 familias de personas con discapacidad de la región a través de la gestión de estos recursos de 31 entidades locales.
Además, ha explicado la portavoz, es una pequeña parte de los 137 millones de euros que destina la Consejería de Bienestar Social al Programa de Discapacidad de Castilla-La Mancha que ha experimentado en los últimos años un incremento de 52 millones de euros, casi un 40 por ciento más respecto al ejercicio de 2015.
“Este aumento se traduce en una mejor atención, en mejores recursos, en un mayor número de personas atendidas y, sobre todo, en haber recuperado el liderazgo en materia de políticas para las personas con discapacidad, lo que nos ayuda a seguir mejorando desde la convicción de que nadie se puede quedar atrás si queremos avanzar colectivamente”, ha dicho la consejera.
La consejera portavoz ha valorado también el esfuerzo presupuestario con el sector de la discapacidad que, en el caso concreto de esta convocatoria, aumenta la partida en 63.000 euros, siendo la mejor demostración de que el Gobierno que preside Emiliano García-Page respalda tanto al sector como a las entidades locales que trabajan a diario con las personas con discapacidad.
Gastos de personal y de mantenimiento
En este sentido, la titular de Igualdad y portavoz ha recordado que, en la convocatoria del año 2021, la cuantía global resuelta ha posibilitado garantizar la financiación de gastos de personal y mantenimiento de nueve centros residenciales con 68 plazas, 22 centros ocupacionales con 586 plazas y de 15 centros de día con 193 plazas, además de la financiación de seis centros de atención temprana y desarrollo Infantil. Blanca Fernández ha hecho especial hincapié en estos últimos servicios, de “vital importancia para mejorar el desarrollo de las capacidades y reducir las secuelas o limitaciones que puedan derivarse de algún tipo de enfermedad discapacidad o problema en el desarrollo desde edades muy tempranas”.
Consolidar la red pública de recursos especializados
En esta apuesta en políticas de discapacidad del Gobierno de Emiliano García-Page, ha afirmado la portavoz, “se demuestra nuestro compromiso en esta materia que debe servir para mejorar la calidad de vida de estas personas, también de sus familias y, sobre todo, que se incardina perfectamente con la filosofía de la Ley de protección y apoyo garantizado que aprobamos en la anterior legislatura y que fue una norma pionera en el conjunto de España”, ha concluido sobre esta cuestión la consejera.
Gestión integral de la residencia de mayores de Alcoba de los Montes
En otro orden de asuntos, la consejera también ha informado de la autorización, por parte del Consejo de Gobierno, de un gasto de 1,5 millones de euros para prorrogar entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 el contrato de gestión de servicio de la Residencia para Personas Mayores de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).
En concreto, el contrato incluye la gestión integral del mencionado centro, que consiste en la realización de todas las actividades relacionadas con la atención y supervisión de 33 personas residentes.
Blanca Fernández ha destacado que este municipio ubicado en las cercanías de Cabañeros, una de las zonas más despobladas de Castilla-La Mancha y quizá de todo el país, a pesar de tener solo 600 habitantes cuenta con un recurso público como es una residencia de personas mayores desde hace muchos años. Y, en ese sentido, ha manifestado el compromiso del Ejecutivo autonómico para dar continuidad y garantía de financiación durante los dos próximos años a las 33 plazas residenciales destinadas a las personas mayores que viven en la zona y no quieran abandonar su lugar de origen.
