El 31 de julio de 2018, se publicaba la Resolución de 23/07/2018, de la Secretaría General, sobre el acuerdo de la mesa sectorial del personal docente no universitario relativo a las medidas complementarias al II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que recogía, entre otras medidas, que “se regulará la incompatibilidad para la realización de las actividades privadas contempladas en la ley para el personal docente con jornada a tiempo parcial de media jornada o inferior”.
Más de tres años después de la firma de este acuerdo, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no ha regulado esta posibilidad y se siguen denegando de manera sistemática todas las solicitudes de realización de actividades privadas. Un hecho que, como ya ha denunciado ANPE en otras ocasiones, supone un agravio comparativo con otros colectivos de funcionarios que sí disponen de dicha compatibilidad para ejercer otras actividades, e incluso un agravio con el profesorado de la enseñanza concertada, dependiente de la propia consejería de Educación, que también puede acceder a realizar otras actividades privadas.
Teniendo en cuenta únicamente al profesorado interino contratado a tiempo parcial para todo el curso escolar, según los datos de la adjudicación previa del inicio de curso, el 29% de estos docentes -más de 2.000 en la región- no pueden disfrutar de la posibilidad de completar sus jornadas con otras actividades remuneradas, quedando en una situación de innecesaria precariedad laboral.
ANPE no entiende la falta de diligencia y la dejadez de la administración para regular una mejora que se ya se ha acordado y que aportaría un enorme beneficio para aquellos docentes que, cumpliendo los requisitos para compatibilizar su profesión docente, podrían desarrollar otra actividad privada regulada.
ANPE urge al gobierno de la JCCM a que permita la compatibilidad del personal docente, y además pide que se incluya en la Ley de presupuestos aquellas medidas que no conllevan un coste económico, pero sí necesitan una normativa de rango de Ley para su puesta en marcha, como la modificación de la normativa que impide aplicar al personal docente determinados permisos, licencias y excedencias como la reducción voluntaria de jornada, y por supuesto la posibilidad de compatibilidad para aquellos docentes, independientemente del tiempo de su jornada, que quieran o necesiten desempeñar otra actividad que, por supuesto, no menoscabe su actividad en la docencia.
