El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha autorizado el Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el establecimiento del Nivel de Protección Acordado para el Sistema de Dependencia en 2021, por un importe de 32.127.138,60 euros.
En virtud de este acuerdo, dicha cantidad se financiará al 50 por ciento entre ambas administraciones, contribuyendo con algo más de 16.000.000 euros cada una.
Así lo ha informado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a este expediente que “supone mejorar la aportación del Estado a la financiación del Sistema de la Dependencia, tal y como el Gobierno del presidente Emiliano García-Page viene reclamando desde el año 2015”.
Cabe recordar que, tal y como establece la Ley de Dependencia, el Sistema de Atención a la Dependencia se financia a través de tres fuentes; el Nivel Mínimo de Protección, establecido por la Administración General del Estado; el Nivel de Protección Acordado entre el Estado y las comunidades autónomas y el Nivel Adicional de Protección, que las comunidades autónomas establecen en función de sus competencias.
Hasta el momento la aportación al Sistema de la Dependencia por parte del Estado venía suponiendo el 16 por ciento del total, que se elevará hasta el 21 por ciento con el Plan de Choque pactado en abril de 2020, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia (SAAD), que recogía el compromiso del aumento de la financiación por parte del Gobierno central, concretado en la subida de las cuantías del Nivel Mínimo, con un incremento del 17’4 por ciento, y la recuperación del Nivel Acordado, recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio.
“Es, por tanto, un avance que valoramos en positivo”, ha remarcado la titular de Bienestar Social, “ya que supone revertir los recortes que se produjeron en 2012, cuando el Partido Popular suspendió el Nivel Acordado, que hoy se recupera, y redujo las cuantías del Nivel Mínimo. Sin embargo, aún queda lejos de la corresponsabilidad que reclamamos a la Administración General desde las comunidades autónomas y del espíritu de la Ley de Dependencia de 2006”, ha añadido García Torijano.
En este sentido, ha reclamado esa corresponsabilidad recordando que Castilla-La Mancha aporta un 84 por ciento en comparación con el 16 por ciento de financiación que aporta el Estado. “En total, entre el Nivel Mínimo y el Acordado, desde el ejecutivo regional contribuimos más de 438 millones de euros, mientras que la Administración central pone unos 107 millones de euros, por lo cual entendemos que esa corresponsabilidad al 50 por cidento se queda muy por debajo por parte del Gobierno frente a la aportación de la Junta”.
Durante los seis años que lleva al frente de la Junta de Comunidades el presidente Emiliano García-Page, el Gobierno regional ha realizado un importante esfuerzo para que todas las personas reciban la atención que precisan, con un compromiso especialmente fuerte en el caso de las personas en situación de dependencia que ha llevado a recuperar el Sistema de Protección desmantelado durante los cuatro años de Gobierno del PP.
Para ello se ha reforzando la seguridad jurídica con la aprobación de dos Decretos; el del Catálogo de Prestaciones, en 2016 y el de Procedimiento, en 2019; se han incrementado en un 76 por ciento el número de prestaciones y servicios; se ha reducido la lista de espera de acceso a la dependencia en un 90 por ciento y se ha conseguido el reconocimiento nacional por parte del Observatorio de la Dependencia que sitúa a Castilla-La Mancha como segunda comunidad autónoma en valoración de sus logros y esfuerzos en este Sistema de Atención.
Aportación de Castilla-La Mancha al Sistema de Atención a la Dependencia en 2020
García Torijano ha respondido a las afirmaciones publicadas recientemente sobre la reducción de la aportación a la Dependencia por parte de la Comunidad Autónoma y lo ha hecho con datos concretos que reafirman la apuesta y el esfuerzo financiero del Gobierno regional en este ámbito de la Dependencia; “hemos certificado (al IMSERSO) en el 2020 más de 438 millones de euros, 85 millones de euros más que en 2015, por tanto hemos aumentado la financiación en Dependencia; hemos aumentado también las personas que reciben la cobertura por Dependencia: 61.000 personas en comparación con las 34.668 que había en 2015. Y también hemos aumentado las prestaciones, 76.183 prestaciones en comparación a las 47.160 que se daban en el 2015”.
Así lo ha aseverado la titular de Bienestar Social quien sí ha concedido que existe una minoración de presupuesto entre 2019 y 2020 de ocho millones de euros, que no se debe a otra cosa más que “a la baja de números de expedientes de beneficiarios de prestaciones y servicios que, durante el año de pandemia, desgraciadamente, hemos acusado. Pero no porque se invierta menos desde el Gobierno regional en Dependencia que, para nosotros, es un pilar fundamental”, ha garantizado la consejera.
