CCOO ha anunciado una demanda por conflicto colectivo contra Geacam por subsanar 40 contratos en fraude de ley detrayéndolos de la tasa de reposición.
Según señala en nota de prensa, Geacam ha aprovechado su obligación legal de convocar las 109 plazas vacantes correspondientes a la tasa de reposición del colectivo de Bomberos Forestales para atender el requerimiento de la Inspección de Trabajo de regularizar 52 contratos que ha mantenido en fraude de ley en el periodo 2016-2020.
«Un fraude para arreglar otro fraude. Iniciaremos demanda de conflicto colectivo por este atropello», ha señalado el responsable de la sección sindical de CCOO en Geacam y presidente del comité intercentros de la empresa pública, Manuel Amores, tras la adjudicación de plazas realizada este jueves por la empresa pública.
Según explica, a lo largo de esta mañana Geacam ha adjudicado las 109 plazas vacantes correspondientes a la tasa de reposición del dispositivo de prevención y extinción de incendios. «Sin explicación alguna, se ha negado a convocar las seis vacantes del colectivo de Oficinas y Asistencias Técnicas».
El sindicato apunta que todas las vacantes adjudicadas son plazas estructurales presupuestadas a 12 meses, pero la empresa pública ha formalizado los contratos de este año sólo por seis meses, con el compromiso de ampliarlos a 9 meses en 2022. No llegarán a trabajar todo el año hasta 2023.
Además, afirma que la empresa ha adjudicado 40 de estas plazas a 40 de los 52 trabajadores a los que llevaba años contratando en fraude de ley. De esta forma, Geacam ha reducido de facto las 109 plazas de la tasa de reposición de Bomberos Forestales a solamente 69.
CCOO apunta que al resto de Bomberos Forestales con contratos en fraude de ley que no han accedido a las vacantes de tasa de reposición les ha realizado contratos de cuatro meses como fijos-discontinuos; haciendo constar expresamente que estos contratos no tienen plaza en la plantilla orgánica de la empresa pública. «Y ello, a pesar de seguir existiendo hasta 223 vacantes sin cubrir en la estructura de la Geacam».
La dirección de Geacam ya anunció sus intenciones en la reunión que mantuvo el pasado día 17 con el comité intercentros. Los sindicatos CCOO, SIBF, USO y SATIF –todos los que tienen presencia en el órgano de representación de la plantilla, salvo UGT– rechazaron la propuesta por «injusta y mezquina» y ya advirtieron entonces que la consideraban «legalmente insostenible.»
«Utilizar la tasa de reposición para subsanar los contratos en fraude de ley constituye, a nuestro entender, un nuevo fraude», subraya Amores, que añade que «los servicios jurídicos de CCOO preparan ya la correspondiente demanda por conflicto colectivo.»
Esta misma tarde, Amores ha solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento e interpretación del convenio colectivo de aplicación al colectivo de Bomberos Forestales –caducado desde 2012–, requisito previo a la interposición de la demanda. De no resolverse la cuestión en esta comisión, solicitará mediación ante el Jurado Arbitral Laboral antes de acudir a los tribunales.
«Siempre confiamos en que haya una posibilidad de diálogo y acuerdo en la mediación previa a la interposición del conflicto colectivo; y también ahora confiamos en que la dirección de Geacam recapacite y acuda cuando se nos convoque con la voluntad de rectificar y acordar. Ojalá sea así», añade.
El sindicato sigue ofreciendo y demandando diálogo, negociación y buena fe para resolver los «numerosos y muy graves» problemas que arrastran y sufren los bomberos forestales de Geacam y, también, los que afectan al colectivo de Oficinas y Asistencias Técnicas y al conjunto de la plantilla de la empresa pública.
«Geacam sigue en conflicto y tenemos vigente un calendario de huelgas, de las que ya convocamos seis jornadas sin efecto real por la imposición de servicios mínimos del 100%, pero con un masivo y expreso apoyo de la plantilla», dice.
«Creemos que la dirección de la empresa, la consejería de Desarrollo Sostenible y la representación legal de los/as trabajadoras tenemos la obligación de sentarnos a resolverlos; en vez de dejar que se pudran o de endosárselos a los tribunales que, por cierto, no dejan de emitir sentencias condenatorias contra la empresa pública», concluye.
