Caso Quesito: menudo cuajarón

A la ciudadanía se la dieron con queso, pero el Ayuntamiento se quedó con el cuajarón. Vaya que si cuajó: la Fiscalía considera que no hay delito en que altos cargos del PP municipal hayan adquirido, por la mitad de precio de mercado, los pisos de “El Quesito”, en la capital provincial, que ellos mismos catalogaron previamente como de “protección municipal”.

¿Y qué fechoría ni qué niño muerto iba a haber, pregúntome? Si las viviendas son de “protección municipal”, lo lógico es que se las embuchen los munícipes, que digo yo, que para eso se tomaron la molestia de inventarse la ley, que es como decir…, pues eso, ordeñar la vaca. Atrévome a decir más: bien merecidos se los tienen, que si la idea fue suya, es de bien nacidos ser agradecidos y dejarles participar en el suculento requesón con que han regalado los hocicos de los ciudadrealeños.

¿Y qué dice usted, que el resto de los ciudadanos tienen que superar estudios de solvencia y enfrentarse a inciertos sorteos para acceder a ese tipo de inmuebles? Pues que se hubieran avispado y solicitado los ofrecidos por el Ayuntamiento, que por esos no se exigían molestos requisitos, ni existían criterios de concesión, ni más chuminadas. Ahí estaban, ahí, anunciados en prensa, para que los comprara el primero que los viera…

Mejor haríamos en alabar esta emocionante muestra de ecuanimidad, de equidad social; esta loable iniciativa que no hace distinciones entre alcaldes y ciudadanos, entre concejales e indigentes, entre diputados y chatarreros… Entérense, ah insensatos, de que la Ley es igual para todos. Y quien piense mal, pues con su pan se lo coma, que es muy fácil ir de pataletas por ahí y no pensar en el infortunio de los demás.

Así nos va, que no reparamos en las desgracias ajenas como no sea para compararlas con las nuestras. Porque vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la situación económica por la que deben estar pasando los adquirentes de los preciados niditos, osease, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; el ex alcalde Francisco Gil-Ortega; la diputada nacional Carmen Quintanilla; o el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor? ¿Qué les hace suponer que no las están pasando canutas, que no están sumidos en la congoja, y que no necesitan de la caridad de la Administración?

No me vengan con engatusamientos porque, además, estamos hablando de un derecho constitucional. ¿Son acaso menos que nadie ellos precisamente, quienes se desvivieron por inventarse una nueva catalogación de viviendas sin apenas reglamentación?

Sólo queda, pues, agradecer tamaña proeza a los próceres de la ciudad, y rogarles, postrados a sus pies, que sigan en esa línea, y que la lleven hacia nuevos horizontes: a las becas, a las concesiones de obras; a los concursos, oposiciones y premios… Y que acaben con la tiranía de los méritos, de la valía personal o de la solidaridad… Si es que alguna vez existió.