La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha confirmado que el Ejecutivo castellanomancheho recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha rechazado algunas de las medidas que el Gobierno regional quería aplicar en las residencias para hacer frente a la COVID.
«Estamos preparando el recurso en este momento. Nos parece que la Justicia tiene instrumentos para facilitar que se puedan realizar test a las trabajadoras y a los trabajadores de las residencias y pedimos a la Justicia que nos ayude a proteger la salud y la vida de las personas más vulnerables, que son las personas mayores que están en residencias», ha afirmado la consejera a preguntas de los medios en Almagro.
Blanca Fernández ha explicado que, con este recurso, el Gobierno va a pedir a la Justicia que reconsidere su posición. «Entendemos que hay instrumentos jurídicos para poder hacerlo», ha asegurado añadiendo que «al final, las decisiones judiciales se ubican en un contexto determinado y este contexto es de pandemia, es de crisis sanitaria todavía grave y sabemos que, aunque están vacunados y vacunadas, el COVID hace que las personas mayores aún se encuentren en una situación de vulnerabilidad».
Por ello, ha abogado por utilizar todos los instrumentos jurídicos para proteger la salud y la vida de la gente «que es lo que está intentando hacer el gobierno de Castilla-La Mancha».
Bueno, ahora, en el caso de ser rechazadas esas medidas por los tribunales superiores, se puede acudir en casación al Tribunal Supremo, algo que antes no se podía hacer……
También se podría gobernar, hacer una norma común que planificara la estrategia nacional para el control de la pandemia. En su lugar, se deja al arbitrio de 17 comunidades autónomas la toma de decisiones. Es la actitud más cómoda, traslada la responsabilidad a otros. Te puedes ir de vacaciones a Lanzarote. Que se apañen comunidades y jueces con los muertos, los enfermos y tutti quanti. ¿Qué puede salir mal?