El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado ayer de forma telemática, le ha dejado “un sabor agridulce” y, aunque ha valorado “el esfuerzo hecho por el Ministerio de Hacienda para intentar atender lo más ampliamente posible las peticiones de las comunidades autónomas”, ha afirmado que otras propuestas “no han cubierto nuestras expectativas”.
De este modo se ha pronunciado hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa en la que ha informado tanto de los asuntos abordados en el Consejo de Política Fiscal Financiera como de la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha al respecto.
Ruiz Molina ha analizado uno por uno los aspectos tratados en la reunión: el fondo COVID para 2021, del que se estima que Castilla-La Mancha pueda recibir una cuantía cercana a los 500 millones de euros; la devolución del IVA correspondiente a 2017, unos 130 millones de euros; la asunción por parte del Estado de la liquidación negativa de las entregas a cuenta del ejercicio 2020, con lo que la región no tendría que devolver 350 millones de euros; la tasa de referencia en relación al objetivo de déficit para 2022, fijada en un 0,6 por ciento del PIB regional; y las entregas a cuenta correspondientes a 2022, un montante que asciende a 5.333 millones de euros, un 6,3 por ciento más respecto a 2021.
Entre los “aspectos positivos”, el consejero ha resaltado que se han atendido las reivindicaciones del Gobierno regional al fijar como criterio de reparto del fondo COVID para 2021 la población ajustada frente al PIB y también ha valorado que el Gobierno de España haya dado a las comunidades autónomas una solución “muy satisfactoria” a las liquidaciones negativas del 2020, una postura “muy diferente” a la que adoptó el PP en su día, cuando obligó a las autonomías a devolver ese dinero “a plazos”, ha apuntado.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha hecho hincapié en que se confirma la devolución por parte del Estado a las comunidades autónomas del impago del IVA correspondiente a la cuota de diciembre de 2017, por un cambio del sistema de gestión aprobado por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, ha indicado que “se nos ha pedido que retiremos los recursos que tenemos planteados”, en el caso de Castilla-La Mancha, a través de la Audiencia Nacional, lo que, según Ruiz Molina, se hará una vez que se tenga la certeza de que ese dinero va a llegar.
El consejero se ha referido, asimismo, a algunas propuestas que no fueron atendidas: la primera, que el Estado no contempla incluir en los Presupuestos Generales para 2022 un fondo Covid destinado a las comunidades autónomas, como el que han tenido en 2020 y 2021, de más de 700 millones y de unos 500, respectivamente.
En este punto, ha incidido en la importancia de que se mantenga en 2022, ya que también se va a seguir manteniendo el gasto relacionado con la pandemia, como el destinado a Educación para mantener una plantilla especial que atiende las posibles incidencias.
En segundo lugar, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho alusión al esfuerzo que se exige a las autonomías en relación a la reducción del déficit, que significaría pasar del 1,1 al 0,6%. “Estamos ante una reivindicación antigua en relación al reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas”, ha indicado.
Mientras que el Estado se reserva un déficit del 5%, para las comunidades autónomas la tasa de referencia es del 0,6%”. Por ello, desde Castilla-La Mancha se plantea “un nivel de reparto más equitativo entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, en función de las competencias y del gasto que tenemos asumido”.
Presupuestos para 2022
En cualquier caso, Ruiz Molina ha aseverado que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “disponemos ya de los mimbres necesarios para elaborar el techo de gasto para 2022”, a la vez que ha subrayado la estabilidad política e institucional de la que goza Castilla-La Mancha.
En este contexto, ha dicho que los presupuestos del próximo ejercicio se van a elaborar en plazo, para que entren en vigor el 1 de enero de 2022, y que se está trabajando en unas cuentas que no exijan sacrificio a los ciudadanos y que garanticen los niveles de gasto en relación al Covid que sean necesarios, “sin escatimar un solo euro para combatir la pandemia y sus efectos derivados”, mientras se atienden todos los compromisos adquiridos por el presidente Emiliano García-Page con la ciudadanía.
Unos presupuestos que, como ha insistido, tendrán como prioridades fortalecer el Estado del Bienestar, especialmente, los servicios fundamentales; atenuar los efectos adversos que la pandemia podría seguir provocando en las empresas, especialmente pymes y autónomos; fomentar, con la ejecución de los fondos europeos de recuperación, un modelo de crecimiento económico que favorezca la creación de empleo y el impulso del tejido productivo basado en la digitalización y la transición verde; y adoptar las medidas necesarias para impulsar la lucha contra la despoblación.
“Y lo vamos a hacer desde la máxima ortodoxia presupuestaria, siendo rigurosos en el manejo de los caudales públicos y liderando el gasto sociosanitario destinado a la lucha contra el COVID”, ha sentenciado el consejero, quien también ha destacado la necesidad de abordar cuanto antes la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios públicos, independientemente de donde residan y de su capacidad económica.
