Los sindicatos representativos de los trabajadores del Ayuntamiento de Puertollano, UGT, CCOO y CSIF, han decidido mantener la suspensión de las movilizaciones en tanto ultiman un sistema de asignación del concepto de productividad de las nóminas que garantice los ingresos percibidos por los empleados públicos.
La decisión se ha tomado tras la asamblea de trabajadores celebrada este lunes después de que el alcalde, Adolfo Muñiz, trasladara el pasado jueves a los representantes sindicales una propuesta para desbloquear el conflicto laboral consistente en poner a disposición de la plantilla un total de 120.000 euros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, fecha en que el fin del plan de ajuste permitiría más margen de maniobra salarial.
Según los sindicatos, Muñiz les habría dado «libertad» para elaborar ese plan de asignación, por lo que «esperan» que «cumpla su palabra» una vez presentado el documento. En todo caso han recibido con satisfacción y esperanza el cambio de escenario y la actitud del nuevo alcalde en un conflicto encallado hasta hace apenas cinco días. «Es sin duda un paso positivo», coinciden los tres representantes sindicales consultados por este digital.
Básicamente, lo que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF pedían, en primer plano, es que las cuantías que los funcionarios perciben hasta ahora en concepto de «productividad» en sus nóminas esté garantizado, de modo que mantengan los ingresos «reales» que hasta ahora percibían.
Hasta ahora, el equipo de Gobierno consideraba que estas remuneraciones (que podrían equipararse a los «incentivos» de la empresa privada), otorgadas en la administración pública con carácter prácticamente fijo e indefinido podrían incurrir en una irregularidad administrativa con consecuencias judiciales, por lo que proponía un acuerdo para lograr un «encaje legal» con la normativa.
Ahora, los sindicatos deberán elaborar ese plan de productividades que, en principio, debiera pasar por la consulta y dictamen de la secretaría y la intervención municipal. En este sentido, los sindicatos defienden que su propuesta se ajustará a las leyes de la administración local y a la normativa que afecta a las retribuciones de los empleados públicos, tomando como ejemplo tanto los casos de otras administraciones como la jurisprudencia, por lo que aseguran que en ningún modo se «comprometerá» ni al equipo de Gobierno ni a los técnicos municipales.
Además, defienden que estos emolumentos, «mal llamados productividades», son realmente unas mejoras sociales consolidadas desde hace 25 años y que la plantilla ha perdido un gran número de trabajadores, más de 200, en los últimos años, con la carga de trabajo que conlleva.
En este nuevo clima de negociación, los sindicatos han aparcado de momento sus reivindicaciones relativas a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada por una empresa externa, aunque han recordado que siguen oponiéndose a ella, ya que consideran que podría mermar los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales, en lo que atañe a complementos personales transitorios, bajadas de niveles de los complementos de destino, catalogación de puestos de trabajo a la baja, diferencias en los puntos de valoración entre puestos del mismo grupo funcionarial, o diferencias en relación con la Policía Local.
Además, se ha firmado otra «tregua» en otro de los flancos del conflicto, el acuerdo de pleno que prepara el terreno para la contratación de un nuevo responsable en Urbanismo, al que las plataformas sindicales presentaron un recurso de reposición.
