La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este miércoles, 7 de julio, a partir de las 10.00 horas a F.J.L.S.R. por tener sin contrato a un trabajador marroquí, un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por el que piden para él una pena de tres años de prisión.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en 2016, 2017 y 2018 cuando el acusado, propietario de unas tierras donde se cultivaban melones, acordó verbalmente con M.E.A. que este desempeñaría tareas agrarias y recogida de melones en su propiedad, comprometiéndose a cambio a darle comida, tabaco y cerveza y, de forma esporádica, algún billete de 10 o 20 euros.
El acusado mantuvo a M.E.A. trabajando para él sin contrato de trabajo y sin pagar salario alguno durante un periodo de tres años. Así, en 2017, F.J.L.S.R., aprovechándose de la necesidad de M.E.A., derivada no solo de la falta de sueldo sino también de la ausencia de descansos semanales, vacaciones y otros beneficios laborales, llegó a un acuerdo con éste según el cual las ganancias derivadas de la venta de melones durante las campañas de 2017 y 2018 se repartirían a partes iguales entre ambos.
Además, con el fin de garantizar la seguridad del producto y evitar robos, pactaron que M.E.A. ejercería además labores de vigilancia y control en el campo para lo cual el acusado le cedió el uso de una cabaña situada en la parcela que carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad por la escasez de suministros de agua y electricidad así como de baño, debiendo tomar agua de un pozo allí existente, permaneciendo y viviendo allí durante un periodo aproximado de dos años.
En 2017 y 2018 el acusado percibió unos beneficios de 73.767,37 euros de los cuales la mitad corresponderían a M.E.A. en virtud del acuerdo alcanzado, una cantidad que no le llegó a entregar.
Por estos hechos piden tres años de prisión para el acusado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y una multa de 10 euros durante 12 meses. Además, piden indemnizar a la víctima con la cantidad de 40.000 euros.
