Alergia le tengo a la primera persona, pero nobleza obliga: tengo mis escasos cuartos en Caja Castilla La Mancha (CCM), y ahí los voy a dejar, a los desventurados. Flaco favor nos hacemos a nosotros mismos azuzando al crack, por no hablar de que, en caso de debacle financiera, el Estado dispone de los mecanismos adecuados para garantizar los ahorros del ciudadano medio. La fetidez podría impregnar hasta a las impolutas paredes del Gobierno regional. Vox populi son las desgraciadas aventuras de CCM en el sector de la construcción, así como las ingentes cantidades invertidas en empresas afines al Gobierno de José María Barreda, que han dado pábulo a todo tipo de runrunes sobre su falta de liquidez.
Que CCM, al igual que la mayoría de las cajas regionales, es un banco «político» no hay ni que decirlo. Y es en las situaciones críticas como las que atravesamos cuando se evidencian o intuyen algunos trapos que a más de uno le gustaría que siguieran dando vueltas en la lavadora.
Sin ir más lejos, la entidad presidida por el socialista Juan Pedro Hernández Moltó ha apostado fuerte, a través de CCM Corporación, por invertir en negocios de los «hombres de Barreda», los poderosos empresarios ciudadrealeños Domingo Díaz de Mera o Ignacio Barco, entre otros. Se trataba de aventuras inmobiliarias compartidas con «gente de la casa», muy pizpiretas y jugositas en tiempos del boom del ladrillo, pero que ahora se antojan como viejas lascivas que nos enseñan sus encías picadas y sus pechos pellejudos.
En este contexto hay que recordar los concursos de acreedores presentados por el gigante de la construcción DHO, un conglomerado de empresas en el cual la caja regional poseía un 10,5%. Lo mismo ocurrió hace unos meses con Global Cartera de Valores, sociedad propietaria del 5,9% de la Inmobiliaria Colonial, que presentó concurso voluntario de acreedores al no poder hacer frente a las deudas de casi 70 millones que acumulaba con Reyal Urbis.
Hace tan sólo unas semanas, uno de los vicepresidentes de CCM, el valdepeñero Jesús Bárcenas (uno de los grandes empresarios realmente merecedores de tal apelativo, y uno de los pocos dirigentes que aún gozan de respeto, honorabilidad y credibilidad en esta región) decide dimitir de su cargo, presumiblemente por su desacuerdo ante el rumbo marcado por los responsables de la caja regional. Y ahora resulta que a CCM también le entran las prisas por deshacerse de 25 por ciento de sus participaciones en el Aeropuerto de Ciudad Real, otro de los proyectos estrechamente vinculados con Díaz de Mera, para variar…
La situación se presenta, cuando menos, inquietante, por mucho que los ahorros de quienes hemos confiado en CCM estén asegurados. Porque ¿estamos en manos de gestores capacitados o, por el contrario, del más crudo arribismo? ¿Hasta qué punto se solapa el interés público que debe perseguir una caja de ahorros con los intereses particulares de las empresas y empresarios que financia? ¿Qué mecanismos reales de vigilancia y control se aplican a las operaciones de la entidad de todos los castellano-manchegos?
No ya la propia CCM, sino el Gobierno de Castilla-La Mancha deberían, ambos, hacer frente a su deber: dar la cara y las explicaciones oportunas… Y, sobre todo, informar. Hasta la fecha no lo han fecho, amigo Sancho, y cosas veredes que non crederes.
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