Concentración contra la «descontrolada avalancha» de fotovoltaicas en la provincia de Ciudad Real

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha convocado este sábado una concentración en la capital en rechazo a la «descontrolada avalancha» de fotovoltaicas en la provincia de Ciudad Real, que responde, a su juicio, a una «colonización energética» del territorio en el que el medio rural saldrá perdiendo. El Círculo de Podemos de Ciudad Real se ha sumado a la concentración.

El colectivo denuncia que en la provincia de Ciudad Real «se pretende convertir el medio rural en una extensión de polígonos industriales energéticos, en una nueva burbuja de inversiones descontroladas con el pretexto de la descarbonización de la economía para luchar contra el cambio climático, que posiblemente acabará como otras tantas que periódicamente produce el sistema capitalista».

En este sentido, Ecologistas pide una moratoria en la implantación de las energías renovables que supondría un plazo de suspensión de licencias para los megaproyectos con el fin de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica y establecer las bases del desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas locales y municipales, destinando los fondos públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia principalmente a proyectos públicos.

Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, la organización ha alertado de que desde 2019 se ha desatado una «avalancha» de proyectos fotovoltaicos en la provincia de Ciudad Real que sumarían a día de hoy unos 80 proyectos con una potencia que superaría los 3 gigawatios (GW) y que ocuparían una superficie de terreno de 8.000 hectáreas, aproximadamente.

«Esto es según nuestros datos, puesto que la Junta de Comunidades no nos proporciona los que tiene, incumpliendo la Ley y el convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente», han denunciado en nota de prensa.

Muchos de estos proyectos son conjuntos de varias plantas de 49,9 megawatios (MW) por lo que se está realizando una fragmentación intencionada de proyectos con el objetivo de eludir la evaluación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), al que le corresponde la tramitación a partir de 50 MW.

ELUDEN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

Aseguran desde Ecologistas que el menos 10 proyectos se encuentran fragmentados en un total de 24 plantas fotovoltaicas «para eludir la correcta evaluación ambiental», algunos situados en zonas ambientalmente sensibles como el Valle de Alcudia y la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

«De esta manera se aumenta el número de proyectos en manos de las multinacionales que operan en bolsa para atraer inversores y se reduce la responsabilidad ante el posible fracaso de las plantas, ya que el proyecto inicial lo realizan pequeñas empresas con 3.000 euros de capital social, vendiéndose posteriormente a las multinacionales que acaparan la producción, manteniéndose los oligopolios que encarecen la factura eléctrica», han explicado.

Las plantas de mayores dimensiones están en manos de Enel Green Power (Endesa), Naturgy, Solaria (con muchos de sus proyectos adquiridos por GALP), Elawan Energy (USA) o la Multinacional francesa Reden Solar en el término de Agudo y Puebla de Don Rodrigo.

En cuanto a las grandes plantas tramitadas directamente por el MITERD sólo en Ciudad Real hemos detectado cuatro proyectos que suman 735 MW, más otros 1000 MW de la recientemente anunciada mayor planta fotovoltaica de Europa en el término municipal de Saceruela.

ALTA POTENCIA

Desde Ecologistas han indicado que la potencia que se está instalando en Ciudad Real es mucho más alta (hasta 10 veces más en el caso de la fotovoltaica) de la que nos correspondería en un reparto territorial equitativo para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) contempla 50 GW de eólica, 30GW de solar fotovoltaica y 62,5 GW de otras fuentes, manteniendo aún 3GW de energía nuclear en 2030).

«Si Ciudad Real supone el 1% de la población del Estado y en 2030 tiene que haber instalados 30 GW, a Ciudad Real le corresponderían 0,3 GW y no los 3 GW proyectados hasta ahora», han denunciado.

Sin embargo, la potencia adjudicada principalmente a megaproyectos ya supera en varias veces a la planificada y necesaria, lo que está permitido por la Administración desde la subasta de cuotas de energía y conexión a la Red Eléctrica.

«La solución del gobierno nacional y autonómico está enfocada principalmente a la producción masiva de electricidad y su exportación a largas distancias en líneas de alta tensión, incluso a países vecinos, y a la producción de hidrógeno líquido como vehículo energético con el que mover gran parte de la economía de Europa», han denunciado.

Esta solución presenta tantos inconvenientes que la hacen imposible en la práctica pues el consumo eléctrico es sólo una parte pequeña del gasto energético total, mayormente basado en los combustibles fósiles, y de que actualmente solo se consumen 30 GW de los 108 GW eléctricos disponibles, que se pretenden aumentar otros 58 GW hasta 2030, sin tener el sistema productivo preparado para ello.

COLONIZACIÓN ENERGÉTICA

«Estamos asistiendo a la colonización energética de nuestro territorio en el que el medio rural saldrá perdiendo en cuanto a la calidad de su paisaje, a los recursos y empleos para sustentar la economía rural, aumentando la despoblación, y en su biodiversidad, que también es un recurso económico ecoturístico, que se verá perjudicada y desplazada a otros lugares menos degradados», han alertado.

Tras indicar de que el desarrollo de las renovables debe ser también equilibrado y justo, desde Ecologistas consideran que para prevenir los impactos ambientales se deben aumentar las zonas de exclusión por motivos de biodiversidad, agroecológicos y paisajísticos, normas obligatorias a introducir en los planes de ordenación territorial municipal; así como el reforzamiento de todas las medidas de gestión de materias primas y residuos.

COMUNICADO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CIUDAD REAL:

Hoy día 5 de junio de 2021, Día Internacional del Medio Ambiente, denunciamos a la opinión pública que en la provincia de Ciudad Real y en todo el estado español se pretende convertir el medio rural en una extensión de polígonos industriales energéticos, en una nueva burbuja de inversiones descontroladas con el pretexto de la descarbonización de la economía para luchar contra el cambio climático, que posiblemente acabará como otras tantas que periódicamente produce el sistema capitalista.

Desde 2019 se ha desatado una avalancha de proyectos fotovoltaicos en la provincia de Ciudad Real que sumarían a día de hoy unos 80 proyectos con una potencia que superaría los 3 gigawatios (GW) y que ocuparían una superficie de terreno de 8.000 hectáreas aproximadamente.

Esto es según nuestros datos, puesto que la Junta de Comunidades no nos proporciona los que tiene, incumpliendo la Ley y el convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Muchos de estos proyectos son conjuntos de varias plantas de 49,9 megawatios (MW) por lo que se está realizando una fragmentación intencionada de proyectos con el objetivo de eludir la evaluación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), al que le corresponde la tramitación a partir de 50 MW.

Al menos 10 proyectos se encuentran fragmentados en un total de 24 plantas fotovoltaicas para eludir la correcta evaluación ambiental, algunos situados en zonas ambientalmente sensibles como el Valle de Alcudia y la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

De esta manera se aumenta el número de proyectos en manos de las multinacionales que operan en bolsa para atraer inversores y se reduce la responsabilidad ante el posible fracaso de las plantas, ya que el proyecto inicial lo realizan pequeñas empresas con 3.000 € de capital social, vendiéndose posteriormente a las multinacionales que acaparan la producción, manteniéndose los oligopolios que encarecen la factura eléctrica.

Las plantas de mayores dimensiones están en manos de Enel Green Power (Endesa), Naturgy, Solaria (con muchos de sus proyectos adquiridos por GALP), Elawan Energy (USA) o la Multinacional francesa Reden Solar en el término de Agudo y Puebla de Don Rodrigo.

En cuanto a las grandes plantas tramitadas directamente por el MITERD sólo en Ciudad Real hemos detectado 4 proyectos que suman 735 MW, más otros 1000 MW de la recientemente anunciada mayor planta fotovoltaica de Europa en el término municipal de Saceruela.

No necesitamos tanta electricidad

La potencia que se está instalando en Ciudad Real es mucho más alta (hasta 10 veces más en el caso de la fotovoltaica) de la que nos correspondería en un reparto territorial equitativo para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030, contempla 50 GW de eólica, 30GW de solar fotovoltaica y 62,5 GW de otras fuentes, manteniendo aún 3GW de energía nuclear en 2030).

Si Ciudad Real supone el 1% de la población del Estado y en 2030 tiene que haber instalados 30 GW, a Ciudad Real le corresponderían 0,3 GW y no los 3 GW proyectados hasta ahora. Sin embargo, la potencia adjudicada principalmente a megaproyectos ya supera en varias veces a la planificada y necesaria, lo que está permitido por la Administración desde la subasta de cuotas de energía y conexión a la Red Eléctrica.

La solución del gobierno nacional y autonómico está enfocada principalmente a la producción masiva de electricidad y su exportación a largas distancias en líneas de alta tensión, incluso a países vecinos, y a la producción de hidrógeno líquido como vehículo energético con el que mover gran parte de la economía de Europa.

Esta solución presenta tantos inconvenientes que la hacen imposible en la práctica pues el consumo eléctrico es sólo una parte pequeña del gasto energético total, mayormente basado en los combustibles fósiles, y de que actualmente solo se consumen 30 GW de los 108 GW eléctricos disponibles, que se pretenden aumentar otros 58 GW hasta 2030, sin tener el sistema productivo preparado para ello.

El hidrógeno verde pierde entre el 50 y el 90% de la energía empleada para producirlo (dependiendo de los usos finales) por lo que debería multiplicarse muchas veces la producción de energía si el almacenamiento principal es en forma de hidrógeno.

Tampoco hay suficientes reservas de materiales críticos y comunes para este enorme desarrollo por lo que no se puede pretender mantener el actual modelo de movilidad basándose en fuentes renovables y vehículos eléctricos.

Sin embargo, el hidrógeno es hasta el momento la única solución para algunos países europeos y sus multinacionales que van a realizar un nuevo colonialismo energético para producir la energía que necesitan fuera de sus territorios.

En contraposición a esta insensatez demandamos que los principales esfuerzos sean para el ahorro, la eficiencia energética y la producción local descentralizada.

Es necesario otro modelo y una planificación sostenible

En esta avalancha de proyectos es notable la falta de planificación para ordenar el sector en muchos aspectos. Por un lado, los Estudios de Impacto Ambiental fallan en la selección del lugar apropiado, permitiéndose la concentración en torno a las subestaciones de alta tensión que provocan alteraciones en el precio de los terrenos agrícolas; en el estudio completo y correcto de los valores ambientales, incluyendo el efecto acumulativo y las sinergias de todas las plantas a nivel comarcal, y no solo de las contiguas; y los efectos negativos sobre la población y los habitantes, muchas veces expropiados contra su voluntad, a los que se arrebata su terreno, cultivado y mantenido durante varias generaciones, en algunos casos.

Por otro lado, detectamos una carencia grave en cuanto a que no se contempla el agotamiento de los materiales necesarios para la fabricación de componentes y construcción de las centrales, muchos de ellos escasos y que supondrán un encarecimiento progresivo de los proyectos; ni tampoco se contempla el gasto en combustibles fósiles asociado a la producción y transporte de los materiales, ni la correcta gestión de los residuos al desmantelar las centrales, que deberían reciclarse al 100%.

En cuanto a las medidas compensatorias que incluyen la mayoría de proyectos demuestran que el impacto es mayor que el que se reconoce y tratan de lavar su imagen con medidas innecesarias o ineficaces pues en su mayoría consisten en reservar terrenos adyacentes a las plantas cubiertas de paneles, desconectados de los de otros proyectos.

Muchas de estas centrales se autorizan sin pantallas vegetales, mínimamente correctoras del impacto al paisaje. Si las concentraciones de centrales fotovoltaicas fuesen evaluadas como un proyecto unitario se podrían tomar medidas correctoras conjuntas de mayor coherencia y efectividad, y no lo que sucede actualmente que solo puede calificarse como negligencia y engaño.

En definitiva, estamos asistiendo a la colonización energética de nuestro territorio en el que el medio rural saldrá perdiendo en cuanto a la calidad de su paisaje, a los recursos y empleos para sustentar la economía rural, aumentando la despoblación, y en su biodiversidad, que también es un recurso económico ecoturístico, que se verá perjudicada y desplazada a otros lugares menos degradados.

El desarrollo de las renovables debe ser también equilibrado y justo. La raíz de todo el problema es el modelo centralizado de producción energética que se está implantando mediante megaproyectos que precisan gran inversión y generan muy poco empleo a largo plazo; es este por tanto el objetivo a cambiar y para ello pedimos una moratoria para planificar.

Esta moratoria supondría un plazo de suspensión de licencias para los megaproyectos con el fin de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica y establecer las bases del desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas locales y municipales, destinando los fondos públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia principalmente a proyectos públicos.

Entre otras medidas, durante esta moratoria para megaproyectos energéticos, se deberían priorizar claramente las medidas de ahorro energético, de instalaciones en edificios y de instalación de nuevas plantas solo en las áreas más degradadas, cercanas a las redes de media tensión.

Para prevenir los impactos ambientales se deben aumentar las zonas de exclusión por motivos de biodiversidad, agroecológicos y paisajísticos, normas obligatorias a introducir en los planes de ordenación territorial municipal; así como el reforzamiento de todas las medidas de gestión de materias primas y residuos. No puede faltar un plan de movilidad sostenible que alcance a todas las actividades productivas, servicios y turismo.

Finalmente, los impactos sociales se deberían compensar mediante el apoyo a proyectos energéticos y de desarrollo local y comarcal que generan mucho más empleo.

¡Por nuestra tierra, Por nuestra biodiversidad y patrimonio natural, Por el mundo rural¡

¡¡RENOVABLES SI, PERO NO ASÍ¡¡ ¡¡MORATORIA YA¡¡