Damián Rojas Gómez. Trabajador social y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.– Escucho y leo en la prensa radiofónica y escrita como se anuncia a bombo y platillo por el presidente Emiliano García Page la convocatoria del Plan de Empleo 2021 denominado “de los 102 millones de euros” para la creación de 15.000 puestos de trabajo. Así, a simple vista, y como trabajador social, entiendo que es una buenísima noticia para la región, no podría ser de otra manera.
Pero cuál es mi sorpresa (aún tengo la ingenuidad de sorprenderme con estas cosas) cuando escucho también que realmente no se pretenden generar 15.000 puestos de trabajo, sino 15.000 contrataciones temporales.
Soy consciente que hay muchísimas familias en la región que están en una situación delicadísima que acuden diariamente a los compañeros trabajadores y trabajadoras sociales a demandar ayudas, a los Bancos de Alimentos o a las denominadas “colas del hambre”, pese a que a nuestra exconsejera de Bienestar Social, recientemente ascendida a senadora, no le constara que fuera así según declaraciones suyas de hace unos meses. Entiendo que las personas quieren un puesto de trabajo y que el trabajo es la probablemente mejor forma de integración social, mejora de su autoestima, generador de posibilidades de consumo que permitan reactivar la economía.
Pero también es cierto que esos 15.000 contratos son temporales, de seis meses para ser más exactos, son intencionadamente temporales para que a las personas les permitan cotizar lo suficiente para poder luego “enlazar” prestaciones y subsidios por desempleo y alargar su precariedad durante al menos unos meses o incluso años, pero que al menos tengan una protección social aunque sea precaria. Es una medida de simple supervivencia, o como decimos habitualmente “pan para hoy y hambre para mañana”.
Entiendo que al Gobierno Regional le preocupe esta situación y que adopten esta medida, quizás para corregir la injusta e insolidaria decisión que supuso la eliminación del Ingreso Mínimo de Solidaridad Regional adoptada el pasado mes de octubre dejando a miles de familias con sus solicitudes archivadas y abocadas a la pobreza y a la exclusión.
Desde los Servicios Sociales de Atención Primaria en general y desde el Trabajo Social rural en particular, llevamos años reclamando el incremento de los convenios de prestación del servicio de ayuda a domicilio municipal por varios motivos, los cuales detallo:
- Supondría mantener a las personas mayores en su entorno habitual, muchos de ellos en zonas rurales de la llamada España “vaciada” y siendo atendidos por personas de sus propios pueblos, normalmente personas jóvenes que si tienen un puesto de trabajo estable, probablemente decidirán quedarse en su pueblo y echar raíces.
- Con la situación de pandemia que llevamos sufriendo en los últimos dos años y de cara al futuro, van a cambiar las demandas de las personas mayores y dependientes. El hecho de marcharse de su casa para irse a una Residencia, con la que ha “caído” en las residencias, va a ser la última opción, prefiriendo quedarse en sus municipios siendo atendidos por los servicios sociales el mayor tiempo posible. Con servicios de proximidad: ayuda a domicilio, comida y lavandería domiciliaria, servicios de envejecimiento activo, terapéuticos, etc.
- Pero es que cada vez existen más profesionales preparados para prestar estos servicios domiciliarios, puesto que se han hecho verdaderos esfuerzos por parte del propio Gobierno Regional, en regularizar acreditaciones profesionales de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio pero también a nivel de impulsar los estudios de grado medio de Técnicos en Atención Sociosanitaria que están formando a miles de personas en esta profesión cada vez más necesaria.
- Que cada puesto de trabajo creado en el servicio de ayuda a domicilio es un puesto de trabajo estable, puesto que cada vez serán más necesarios para atender el envejecimiento progresivo de la población y son puestos de trabajo que se consolidan, dejando atrás la precariedad, la temporalidad y la sensación de provisionalidad que generan los famosos “planes de empleo locales”, que se agotan en sí mismos pasados unos meses. El servicio de ayuda a domicilio no va a ir a menos, al contrario, cada vez va a ser más demandado y más necesario.
Estamos en un momento ideal para acometer la mejora del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal tanto cualitativa como cuantitativamente, con la mejora de la dotación económica de los convenios, el incremento de la financiación y del salario de los y las auxiliares del servicio, el incremento de horas para mejorar la atención a los usuarios, para reducir la lista de espera de los dependientes que están esperando a que se resuelva su expediente.
Y ¿Por qué hago esta afirmación de que es un momento ideal? Porque, el Gobierno del Estado ya ha acordado que se ha recuperado el nivel acordado de financiación del sistema de dependencia por el cual a Castilla-La Mancha le corresponden 16 millones de euros, pero además se ha anunciado el famoso plan de choque para la mejora del Sistema de Dependencia dotado para nuestra región con 35 millones de euros.
Sr Presidente, este es el momento ideal para acometer la mejora de los servicios sociales municipales, de atender a las personas dependientes por profesionales de su entorno más cercano, para luchar contra la despoblación rural y para dejarse de seguir promocionando la precariedad laboral y luchar por la estabilidad en el empleo. Los servicios sociales municipales constituyen un nicho laboral ideal para generar empleo, riqueza y devolver a los mayores y dependientes lo que ellos nos aportaron durante su vida laboral: evitar que no tengan que dejar su vivienda, su entorno, su comunidad, su pueblo, aunque sea un pueblo de cien habitantes.
