Javier de la Cueva y David Bravo.- El periodista ya había sido despedido de su trabajo por escribir un artículo donde criticaba la gestión de los empresarios demandantes Pese a que el artículo se escribió en su blog personal y no en el periódico en el que trabajaba, al día siguiente de su publicación, el periodista fue despedido. La carta de despido alegaba que el Sr. Otto-Reuss había confundido «el constitucional derecho a la libertad de expresión y la sana crítica con el tratamiento injurioso y vejatorio». Habiendo transcurrido menos de tres meses desde su despido, y sin que se le haya enviado durante ese tiempo ningún otro tipo de comunicación extrajudicial, el periodista ha recibido, de forma casi simultánea, tres demandas de conciliación previas a tres querellas criminales por un presunto delito de injurias y calumnias. Los demandantes en conciliación son los dos empresarios mencionados y la propia gerente del diario del que fue despedido el Sr. Carlos Otto. Las demandas de conciliación pretenden que el Sr. Otto se responsabilice de los comentarios que algunos usuarios de su página web vierten sobre estas tres personas.
Las demandas de conciliación plantean como único modo de evitar la querella criminal contra el periodista, que éste abone una indemnización de 6.000 euros por cada uno de los tres demandantes, que elimine los comentarios «presuntamente injuriosos» que los usuarios han vertido contra ellos y que se disculpe publicamente por los mismos en un plazo de 24 horas. Además de lo anterior, se le exige que sin el «pretexto de ejercitar el derecho a la libre expresión», adquiera el » compromiso judicial» de no permitir en el futuro palabras o términos » parecidos o similares» a los que en la demanda de conciliación se consideran injuriosos. Lógicamente la amplitud de esta última pretensión significa, en la práctica, exigir la asunción del compromiso judicial de eliminar cualquier comentario que los demandantes puedan considerar negativo para evitar el riesgo de una nueva acción legal contra el periodista, es decir, supone la instauración de un sistema de censura preventiva.
La demanda de conciliación advierte que de no aceptar las pretensiones anteriores las cantidades exigidas se verán incrementadas en las futuras acciones penales y civiles que se ejercitarán contra el Sr. Otto-Reuss.
Consideramos especialmente grave que la gerente de un periódico se involucre en este tipo de medidas de presión que inyectan miedo al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, derecho constitucional éste que, lejos de ser un «pretexto» como se le califica en las demandas, es aquél en el que se fundamenta toda la profesión periodística de la que la demandante forma parte.
El periodista solo estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y crítica. Es preocupante ver cómo los empresarios demandantes están utilizando su poder para silenciar opiniones contrarias. Esperemos que la justicia prevalezca y el periodista reciba el apoyo necesario para luchar contra esta demanda injusta.