El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en el día de hoy dos nuevos decretos dirigidos a la mejora del empleo y al impulso al desarrollo económico y social de la región: las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar y el Decreto para la creación del Consejo del Diálogo Social. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha subrayado la importancia de ambos decretos, que forman parte ya de los 21 que ha aprobado el Ejecutivo en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para apoyar la recuperación económica de la región.
El primero de los decretos aprobados hoy por el Consejo de Gobierno está destinado a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar en Castilla-La Mancha. Tal y como ha recordado la consejera, este Decreto “da continuidad al que lanzamos en el mes de julio del año pasado y del que se beneficiaron 377 personas en la región”, con el afán de que la segunda convocatoria de estas ayudas amplíe su impacto.
Patricia Franco ha destacado que la reedición del Decreto supone “una apuesta ambiciosa” por parte del Ejecutivo, ya que multiplica casi por cinco la cuantía destinada a las ayudas, que fueron de un millón de euros en julio del año pasado y que se van a convocar ahora por 4,5 millones de euros.
Además del incremento en la cuantía, la consejera ha destacado como novedades una mayor flexibilidad y facilidad en la tramitación de las ayudas, además de la inclusión de las personas autónomas, como cabezas de familia contratantes en la línea 2 de estas ayudas. En este punto, Patricia Franco ha detallado que el Decreto mantiene las dos líneas de la anterior convocatoria: una primera destinada a apoyar económicamente a aquellas personas que han reducido su jornada laboral o se han acogido a una excedencia para el cuidado de hijos o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, y que van desde los 200 hasta los 500 euros al mes, en función del nivel de renta y del porcentaje de excedencia.
La segunda línea está destinada al apoyo económico a la contratación de personas afiliadas en el Sistema Especial de Trabajadores del Hogar para llevar a cabo estos cuidados, con ayudas que van desde los 100 hasta los 700 euros al mes, en función de la base de cotización.
Las ayudas pueden ampliarse en supuestos como el de familias monoparentales, numerosas o con personas en situación de dependencia severa en hasta un 30 por ciento, y también en el caso de víctimas de violencia de género.
Además, se amplían en un 20 por ciento adicional si la persona beneficiaria es un hombre. “Este es un asunto que puede generar cierta controversia, pero tenemos que recorrer todavía mucho camino en la búsqueda de la igualdad en la asunción del cuidado de familiares”, ha dicho la consejera, que se ha referido a los datos del Instituto de la Mujer, que recogen que el 93,93 por ciento de las excedencias para el cuidado de familiares en 2020 fueron asumidas por mujeres, y en el caso de la región, referentes al año 2019, “fueron las mujeres, en un 92,39 por ciento de los casos, quienes se redujeron la jornada para asumir el cuidado de hijos. Y el 80,2 por ciento en el caso de familiares”, ha detallado así como que solo 42 del total de beneficiarios de las ayudas convocadas en julio fueron hombres.
Emiliano García-Page presidirá el Consejo del Diálogo Social
El segundo de los decretos que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno es el de la creación del Consejo del Diálogo Social, que cuenta con una asignación presupuestaria para este año de 2,4 millones de euros, tal y como refleja el Presupuesto General de la Junta, y que estará presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
“Su creación emana de la Ley de Participación que se aprobó en diciembre de 2019 y es un órgano tripartito y paritario que estará integrado por cuatro personas del Gobierno regional, cuatro personas de las asociaciones empresariales más representativas de la región y cuatro personas de las asociaciones sindicales más representativas de Castilla-La Mancha”, ha señalado la consejera, que ha destacado entre sus funciones “conocer de manera anticipada los proyectos de ley, proponer y realizar informes y estudios sobre líneas generales de actuación, proponer iniciativas legislativas y evaluar y difundir sus acuerdos”.
La creación de este órgano “va a servir para reforzar los consensos en los que hemos cimentado nuestras políticas, especialmente en un contexto complejo como el del COVID, y además de reforzar el diálogo social va a ser determinante para garantizar la estabilidad en el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha”, ha finalizado Patricia Franco.
